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“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, reza la sabia frase del filósofo Séneca y que, aunque ya tiene cerca a 2.000 años se encuentra más vigente que nunca. La retardación de justicia es un mal enquistado en la simiente misma de los sistemas judiciales latinoamericanos, caracterizados por una raigambre colonial que fetichiza y se deleita en los trámites judiciales y solemnidades inútiles, olvidando que su verdadera razón de ser es resolver controversias de seres humanos de manera ágil, amigable y oportuna. Razón por la que solo el 24% de la población en Latinoamerica confía en la administración de la justicia según el Latinobarómetro del año 2018.

Este mal estructural y congénito en el diseño de la administración pública de la justicia posee causas complejas y multidimensionales; de las que, por la brevedad de esta columna, destaco solo dos: (a) los excesivos formalismos y ritualismos procedimentales como deificación de la norma muerta y la deshumanización de los operadores de justicia y (b) la sobrecarga de causas rezagadas que crecen a diario, como reflejo de la cultura pleitista que alimenta el círculo vicioso.

Sobre la primera cuestión, soy enfático en la necesidad de demoler la concepción de la actividad judicial como un laberinto de papeles donde la justicia se pierde, como un baile reservado para una élite de abogados cortesanos o como la lengua secreta de una logia que es vedada al pueblo. Tarea titánica que no solo depende de nuevas normas, del uso de tecnologías o del aumento de infraestructura; sino, y sobre todo, de un cambio paradigmático en las mentalidades de los operadores de justicia, que tienen el deber de dar un golpe de muerte a la burocracia y al ritual estéril. Solo así dejarán de ver expedientes y comenzarán a contemplar seres humanos frente a ellos; asimismo, dejarán de verse como ‘operadores’, sino como ‘servidores’ y, sobre todo, como pacificadores sociales.

Sobre la sobrecarga judicial debemos ser conscientes que ella se debe a un rezago de larga data que se ha convertido en una deuda histórica de justicia con cientos de miles de ciudadanos. Carga que, a su vez, crece como una bola de nieve, debido a la cultura pleitista y de revancha que impera en la sociedad boliviana y que busca judicializar desde un altercado vecinal hasta la más mínima infracción penal, buscando venganza y no reparación. Prueba de ello es que el 64% del movimiento procesal en trámite judicial para el año 2017 eran casos penales, seguidos de familiares (11%) y civiles (12%). Lo que a su vez comprueba, que el proceso de reforma que encaramos no es responsabilidad exclusiva de los órganos del Estado sino de la ciudadanía en su conjunto. Lo que nos debe llevar a reflexionar y cuestionar profundamente nuestros modelos mentales erradicando la cultura pleitómana y revanchista, para profundizar la cultura de paz y las prácticas de diálogo de nuestros ancestros a través de soluciones salomónicas y perdurables que son posibles gracias a la mediación y la conciliación.

Conscientes de esta situación, nuestro Gobierno a través de la aprobación de la reciente Ley 1173 (de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres) busca procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales a través de medidas que eviten el retardo procesal. Entre las medidas que implementa esta ley, para reducir y evitar la retardación de justicia, tenemos: la profundización de la oralidad para acelerar la resolución de causas; la introducción de la notificación electrónica y el registro de audiencias en audio y video para eliminar cobros indebidos, retrasos innecesarios y brindar mayor publicidad y transparencia a los actos judiciales; la creación de la Oficina Gestora de Procesos para apoyar, acelerar y monitorear la gestión del despacho judicial; reserva del uso de los tribunales de sentencia para crímenes de alta sensibilidad y el fortalecimiento del uso de las salidas alternativas; entre otras.

Las acciones prioritarias se aplicarán a partir de octubre y serán el lecho de roca para el proceso de implementación de una revolución en el sistema de justicia penal, tal como lo logramos en el área económica, social y cultural. Al persistir en estos esfuerzos, estamos seguros que pronto podremos materializar los grandes principios constitucionales de gratuidad, transparencia, celeridad, honestidad y eficacia. Es una tarea ardura pero posible y necesaria.

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