Por J. Alex Bernabé Colque, defensor de Derechos Humanos
Bolivia ha vivido episodios de extrema violencia desde su independencia hasta la actualidad. Uno de los más prolongados, promovidos desde el poder gubernamental, fue la dictadura militar encabezada por Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza (1964–1981), marcada por desapariciones forzadas, toques de queda, arrestos violentos y severas restricciones a la libertad de expresión.
A lo largo de su historia, el país ha atravesado numerosos capítulos violentos. Solo por mencionar algunos: la represión en San Sebastián-Coronilla (1812), la masacre contra indígenas en Taraco (1869), la batalla de Kuruyuki (1892), la guerra civil o federal (1898–1899), la batalla de Bahía (1902), las sublevaciones indígenas de Jesús de Machaca (1921) y Chayanta (1927), la Guerra del Chaco (1932–1935), la masacre de Catavi (1942), la masacre de Chuspipata (1944), la revolución o guerra civil (1946–1952), la masacre de Terebinto (1958), la represión orquestada bajo el Plan Cóndor (1975–1981), la Guerra del Agua (2000), la Guerra del Gas (2003) y las recientes represiones violentas en Montero, Sacaba y Senkata (2019).
Todos estos hechos han dejado un saldo de personas gravemente heridas, desaparecidas, impunidad, muertes inhumanas y dolor en las familias y la sociedad.
A esto se suman las heridas aún abiertas de la colonización histórica, las políticas excluyentes y las prácticas racistas profundamente arraigadas en la sociedad boliviana, que han mantenido a la población indígena en una situación de discriminación y desigualdad estructural.
Frente a estas múltiples formas de violencia, los gobiernos han mostrado un escaso interés por atender sus consecuencias. La falta de voluntad política y las tensiones sociales han impedido que se tomen medidas concretas para conocer la verdad, recuperar la memoria, sancionar a los responsables y resarcir a las víctimas.
Es aquí donde entra la Justicia Transicional, una propuesta teórica y práctica que comenzó a expandirse en el mundo anglosajón en la década de 1990. Sus mecanismos han sido aplicados previamente en contextos de violencia extrema, como el Apartheid en Sudáfrica y el genocidio en Ruanda. En los países de habla hispana, la Justicia Transicional empezó a cobrar relevancia en los años 2000.
El entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, definió en su informe de 2004 la Justicia Transicional como:
“Toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para enfrentar los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.”
En América Latina, la Justicia Transicional ha adoptado diversas prácticas, como juicios penales, medidas administrativas, amnistías, comisiones de la verdad y mecanismos de reparación y no repetición.
Las frustraciones, la rabia, la impotencia y las huellas del dolor no desaparecen automáticamente. La población boliviana arrastra un sinfín de lamentos producto de los conflictos violentos que ha vivido. Estas secuelas las tenemos que atender, y la Justicia Transicional ofrece herramientas que pueden servir como guía en este proceso.
La sociedad civil, las víctimas y los gobiernos tienen, y tenemos, la urgente tarea de encontrar vías de solución para disminuir la sensación de abuso, sojuzgamiento e injusticia histórica. Sospecho que estos sentimientos también se traducen en los regionalismos, el racismo y la creciente polarización social en nuestro país.
El bagaje teórico y práctico de la Justicia Transicional puede ser una forma de saldar cuentas con el pasado y, quizás, de entendernos mejor entre nosotrxs. Responder bajo este enfoque a la pregunta “¿qué hacer con las atrocidades de un régimen cuando este cambia?” podría brindarnos algunas claves para construir un futuro con mayor justicia y reconciliación.