Edición Impresa

OPINIÓN

La acción popular y los derechos difusos

Williams Herrera Áñez 3/8/2020 03:00

Escucha esta nota aquí

La acción popular tutela los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, y procede contra todo acto u omisión de las autoridades o personas individuales y colectivas que violen o amenacen con violar esos derechos e intereses colectivos (arts. 135 CPE y 68 CPCo). Esta figura ha sido instituida en procura de la defensa de los intereses colectivos, pero no representa en absoluto un listado cerrado de derechos, e incluye a los derechos e intereses difusos. 

Los derechos e intereses difusos son igualmente individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. El interés difuso tiene esa doble naturaleza que lo caracteriza: ser a la vez colectivo e individual; por ejemplo, la contaminación del medio ambiente con desechos químicos o las aguas de los ríos, convocar y realizar elecciones (generales o subnacionales) en plena pandemia, según informes científicos del ministerio de salud, la Organización Mundial de la Salud, etc. 

Lo que caracterizará al proceso popular es que cualquier persona puede actuar en defensa de la sociedad protegiendo así intereses difusos, porque también son suyos. En realidad esta acción sirve de instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión, bien de dirimir los conflictos que pudieren presentarse, bien de evitar los perjuicios que el patrimonio común pueda sufrir. 

Las acciones populares tienen una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos colectivos preexistentes radicado para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúan a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción. 

Esta particularidad permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y por las mismas causas contra los particulares cuando vulneran los derechos colectivos, de grupos y difusos. Así, por ejemplo, un ciudadano colombiano adquirió una botella de coca – cola de un litro, pero al momento de destapar el mencionado producto se dio cuenta de la presencia de un cuerpo extraño en su interior, razón por la cual se abstuvo de destaparla y de consumirla. 

El afectado promovió entonces una acción popular y pidió la protección de los derechos a la seguridad y salubridad pública, el goce de un medio ambiente sano y los derechos de los consumidores y usuarios a una garantía mínima, pues el producto final no brindaba garantía y seguridad en la calidad del producto líquido distribuido. 

Luego de una dura y compleja batalla judicial, la Corte Constitucional de Colombia concede la tutela y ordenó “instalar una máquina de inspección electrónica en la embotelladora litro de la planta… para obtener el aseguramiento total de la calidad y con ello evitar el daño contingente, o hacer cesar el peligro, amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos de los consumidores”. También le otorgó un plazo de uno a seis meses para “culminar la ejecución de la obligación de hacer que se le impone”; y determinó fijar el incentivo económico en beneficio de los demandantes en veinticinco salarios mínimos mensuales para cada uno y condenar en costas a la sociedad demandada (Sentencia T-466/03).