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24 de agosto de 2017, 4:00 AM
24 de agosto de 2017, 4:00 AM

El desarrollo de un país depende de las inversiones responsables dirigidas a la industrialización, de modo que se tenga productos con valor agregado y se establezca un progreso sostenible. Los proyectos de inversión deben respetar el ordenamiento jurídico y se deben justificar mediante estudios de mercado, de factibilidad y de impacto ambiental, elementos imprescindibles con los que se debe contar antes de convocar a una licitación pública. 

En determinados casos también se debe exigir la consulta previa (establecida en la CPE), con la finalidad de que los afectados por la obra den su anuencia y se logren consensos y el beneplácito de todos los bolivianos.

La construcción de carreteras se debe ajustar a esa lógica, porque estas son parte fundamental del desarrollo; son las venas por donde circula la economía de un país. Nadie se puede oponer a ellas, siempre y cuando sean construidas respetando las normas y las leyes, y con la conformidad de todo un pueblo. La carretera a través del Tipnis, por ejemplo, no hubiera tenido resistencia si sus impulsores hubiesen respetado dichos requisitos, es decir, los de la consulta previa y los estudios respectivos, dejando de lado los caprichos, terquedades y el abuso de poder.

Lo peor de todo es que se está indisponiendo a pueblos hermanos sin motivo alguno, porque ningún boliviano se opone al desarrollo de Beni; todos queremos el bienestar y progreso de ese departamento. El egoísmo y las mezquindades no tienen cabida en este escenario cuando se actúa con mentalidad nacional, con la conciencia de que el desarrollo de un departamento es beneficioso para el resto del país. De esto depende nuestro futuro, un mejor mañana.

Ojalá que se impongan la cordura y la racionalidad en la tarea de encontrar el camino correcto, el trazado de carretera que cause el menor perjuicio a los vivientes de la zona y al medioambiente, porque es nuestro deber defender la naturaleza en todo lo que sea posible. Demostremos al mundo que somos un país respetuoso del ordenamiento jurídico y que el poder está por debajo de la ley.  

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