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La Chiquitania está en riesgo. El área protegida de Bajo Paraguá, que pertenece al municipio de San Ignacio de Velasco, ha sido surcada por desmontes, senderos y brechas, una de ellas de 8 kilómetros de largo y 12 metros de ancho, y en la zona hay letreros de varias comunidades próximas a asentarse.

Una investigación realizada por la periodista Silvana Vincenti de EL DEBER constató en un viaje por aire y tierra que los desmontes se encuentran entre cinco y seis kilómetros dentro del área protegida, creada por ley municipal en enero, con el objetivo de proteger un millón de hectáreas de los avasallamientos, aunque parece que la ley llegó tarde.

En su recorrido, sobre el camino entre Santa Rosa de la Roca y Piso Firme, nuestra periodista no encontró asentamientos en las brechas, pero sí un campamento, letreros, mojones y desmontes en los que se hizo una fuerte inversión económica por el uso de maquinaria pesada y quien sabe cuántas horas de trabajo.

Los indígenas chiquitanos consultados sobre la presencia de asentamientos no se extrañan del temporal abandono; ellos saben que los que financiaron la apertura de brechas y senderos volverán a asentarse como ya ocurrió con otros lugares de la misma zona.

Aparentemente los avasallamientos se dirigen y coordinan desde las comunidades de los denominados interculturales que ya tienen presencia en la zona, como la comunidad Chirimoya, ubicada en el distrito 8 de San Ignacio de Velasco.

Cuando EL DEBER quiso hablar con los dirigentes de Chirimoya, estos se negaron a dar ninguna respuesta, y argumentaron que ellos responden a una estructura orgánica. No contestaron ninguna pregunta, al contrario, ellos hacían las preguntas al equipo periodístico que fue a investigar el tema. Es más, el dirigente intercultural Efraín Valle fotografió el vehículo y los rostros de quienes llegaron hasta allí.

El alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, sospecha que los asentamientos denunciados se realizan con la complicidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). En respuesta a la denuncia, la ABT dijo en un informe que en el lugar no encontraron avasallamientos, sino solo un campamento ‘improvisado, pequeño y abandonado y una brecha con árboles caídos recientemente, con dimensiones de 1.200 metros de largo por 12 de ancho’.

Autoridades de la zona dicen desconocer a los avasalladores, pero identifican que son gente que se moviliza en vehículos de lujo, por lo que podría tratarse de traficantes de tierra. Es más, el alcalde Salces cree que se trata de gente de San Julián y del Chapare.

Este dramático cuadro de asentamientos ilegales e invasión de áreas protegidas debe llamar la atención de autoridades y líderes de Santa Cruz, porque si no se actúa oportunamente, después será tarde y los avasalladores -no es difícil suponer de quiénes se trata si se considera el apoyo de instituciones del Gobierno central con que cuentan- se habrán adueñado de áreas forestales donde la ley en teoría no permite hacer desmontes.

Como van las cosas, una gran área de la Chiquitania cruceña está camino a convertirse en una extensión del Chapare, con todas las consecuencias que ello implica. De allí a que esas tierras de destinen al cultivo de coca y la producción de droga habrá solo un paso. La región debe permanecer alerta, activar las sirenas y movilizarse para evitar que esos proyectos se consoliden.

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