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7 de enero de 2024, 4:00 AM
7 de enero de 2024, 4:00 AM



Karen Longaric / Exministra de Relaciones Exteriores de Bolivia

A finales de 2023, el pueblo boliviano se vio nuevamente afectado por el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inicuo al rechazar las medidas cautelares a favor de Cesar Apaza, no obstante, la ostensible vulneración de sus derechos humanos por parte de órganos del Estado, al extremo de poner en riesgo la vida de Apaza. Similar situación, con sus propias particularidades afectaron a la expresidenta Jeanine Añez, al Gobernador Luis Fernando Camacho, al líder cívico Marco Pumari, a Marcel Rivas, a militares, policías, exministros, exautoridades y jóvenes de la resistencia, todos ellos víctimas de la persecución dictatorial del gobierno y el desamparo internacional.

En lugar de investigar prolijamente las violaciones ocurridas desde 2006 (hotel Las Américas, Pando, Chaparina, Bakovic, Aramayo, represión a discapacitados, quema de bosques, agresión a pueblos indígenas, violencia devenida del fraude electoral y otros) los miembros de la CIDH fueron obsecuentes con los transgresores de los derechos humanos. Si esta Comisión hubiese cumplido su rol con imparcialidad, cuanto luto y confrontación se hubiese evitado en Bolivia.

En lo que respecta al   gobierno constitucional de Jeanine Añez, en noviembre de 2019, siendo ministra de relaciones exteriores de Bolivia me correspondió recibir en Cancillería a los miembros de la CIDH, que habían llegado presurosamente al país atendiendo el amañado pedido efectuado por el gobierno de Evo Morales, un día antes de su renuncia.

Producto de su breve visita a Bolivia, la Comisión emitió un informe plagado de contradicciones y omisiones. En primer lugar, los personeros de la CIDH no visitaron todas las ciudades donde se produjeron violaciones de los derechos humanos y tampoco se reunieron con todos los sectores de la sociedad civil que fueron víctimas de violaciones ejecutadas por los movimientos violentos al mando del MAS. Sin embargo, sostuvieron prolongadas reuniones con activistas y autoridades del MAS.

En dicho informe la CIDH omitió referirse al asesinato de los señores Salvatierra y Terrazas acaecido en Montero por paramilitares. Omitió una referencia cabal sobre los actos de violencia protagonizados por las turbas instigadas por partidarios del MAS que incendiaron los domicilios de autoridades, dirigentes y periodistas; quemaron buses del servicio público, hostigaron a periodistas y amedrentaron a los habitantes de La Paz y El Alto.

Pero sí, el informe acusó de violencia a los grupos de la sociedad civil que entre octubre y noviembre de 2019 hicieron uso legítimo de su derecho constitucional a manifestar su protesta pacífica contra el fraude electoral. Desde Cancillería objetamos dicho informe señalando que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos había manifestado “que, en situaciones de ruptura del orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida, no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia” (1414, Corte Interamericana, Sentencia de 5 de octubre de 2015).

No obstante, nuestro rechazo categórico al documento preliminar, la CIDH lo tomó como base de su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019 Capítulo-Bolivia. En ese documento, la Relatoría con absoluta irreverencia a la dignidad presidencial y de manera peyorativa tildó a la sucesión constitucional de la presidente Jeanine Añez como “autoproclamación”; término que en lo sucesivo y al unísono lo utilizarían el secretario ejecutivo Paulo Abrao, Evo Morales y sus amigos del Grupo de Puebla para referirse a la presidenta Añez. 

En virtud de las falencias mencionadas, el Representante Permanente de Bolivia ante la OEA Embajador Jaime Aparicio efectuó denodadas gestiones en Washington para qué la CIDH rectifique su informe y realice una nueva visita a Bolivia, a las ciudades donde hubo violencia. Fue así como se planteó la conformación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), con el objetivo de realizar in situ una investigación internacional imparcial, sin influjos políticos, con veracidad jurídica y forense sobre los hechos que sucedieron en Bolivia como consecuencia del fraude electoral cometido por el gobierno de Evo Morales. También hubimos solicitado a la CIDH que se efectúe una visita “in loco” que investigue las vulneraciones ocurridas durante los 14 años de los gobiernos continuados de Evo Morales.

Cuando se conformó el GIEI, la CIDH ignoró las objeciones que hicimos desde   Cancillería a la participación de algunos integrantes del GIEI por su estrecha relación con el MAS, ocasión en la que el exsecretario ejecutivo Paulo Abrao se anticipó a decretar el resultado de esa futura investigación; razón por la cual nos abstuvimos de firmar el Protocolo de Actuación para la visita del GIEI. Existen pues, suficientes elementos que evidencian que el informe del GIEI no reflejó objetivamente lo ocurrido en el período investigado, septiembre a diciembre de 2019. Se puede colegir que dicho informe fue coludido con los gobiernos del MAS. Sin embargo, les fue imposible ocultar que la justicia había sido cooptada por el poder ejecutivo. El GIEI afirmó sin dubitación que la justicia en Bolivia está politizada.

Lamentablemente la visita in loco no se concretará mientras el MAS continúe gobernando Bolivia y mientras la CIDH siga integrada por personeros comprometidos con el Grupo de Puebla, pues la más alta dirigencia del MAS es responsable de múltiples violaciones contra los derechos humanos. La responsabilidad también alcanza a quienes omitieron realizar las investigaciones que correspondía efectuar sobre los hechos que enlutaron a Bolivia.

Por omisión u otra motivación, los integrantes de la CIDH han vulnerado reiteradamente el noble propósito por el que fue creada dicha Comisión, cual es, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Para alcanzar este objetivo la CIDH debería haber cumplido su rol con imparcialidad. Al respecto la Corte Interamericana ha manifestado que: “no atenerse al principio de imparcialidad acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de los DDHH” (Sentencia 03.02 Serie C No.14 Pár.63).

Esta ajustada reseña sobre la experiencia de los bolivianos con la CIDH nos emplaza a plantear algunas interrogaciones: ¿La CIDH ha cumplido el rol para el que fue creada? ¿Sus personeros utilizaron la Comisión para fines políticos? ¿Es pertinente su reestructuración? ¿Ante que instancia judicial deberían ser procesados aquellos personeros de la CIDH que actuaron negligentemente y toleraron las múltiples violaciones de los derechos humanos en Bolivia y en otros países donde la Comisión tuvo jurisdicción y competencia?

Al próximo gobierno de Bolivia, opositor al MAS, le corresponderá gestionar y coordinar con los países miembros de la OEA una propuesta que promueva cambios profundos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que esta historia de impunidad y tolerancia frente a la vulneración de los derechos humanos, no se repita.