Opinión

La coca y el Mercosur

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24 de febrero de 2017, 4:00 AM
24 de febrero de 2017, 4:00 AM

El debate, por momentos violento, que ha provocado el proyecto del Gobierno de aprobar una nueva ley de la coca para incrementar el área autorizada para los cultivos, ha opacado otros temas de la agenda política del país. Los cocaleros de Yungas defienden la legalidad aceptada hasta ahora en el país: que solo la coca ancestral, la originaria, la que ellos producen, debiera ser la permitida, y que los demás cultivos tuvieran que ser erradicados.

Esa exigencia repite los principios de la Ley 1008 por la cual los cocales no autorizados, es decir, ilegales, eran declarados ‘excedentarios’ y están destinados a ser erradicados. Que el Estado boliviano no haya tenido la voluntad de aplicar una de sus propias leyes, la que le obligaba a acabar con los cocales ‘excedentarios’, es la responsable de la actual crisis. El debate se complica y enrarece por el hecho de que los cocales ilegales tienen un líder que se ha convertido en el presidente de Bolivia y que ofreció a sus bases legalizar todos los cultivos ilegales de Chapare.

Lo que corresponde es medir el mercado legal de la coca y limitar los cultivos al resultado que se obtenga. La medición fue hecha por la ONU, pero por alguna razón que no se ha explicado todavía, el resultado no fue difundido, aunque algunas filtraciones mencionaron que el área necesaria para el propósito indicado sería de 7.000 hectáreas. Lo cierto es que ahora el Gobierno está decidido a elevar el área autorizada de 12.000 a 20.000 hectáreas, o un poco más, a fin de conceder a Chapare 7.000 y a Caranavi 1.000 hectáreas.

El debate se enrarece más todavía y alcanza áreas muy sensibles si se toma en cuenta que la droga producida en Bolivia con gran parte de la coca abastece a los narcotraficantes y consumidores de Argentina y Brasil, los dos mayores vecinos del país, los que compran el gas natural boliviano y los principales socios del Mercosur, un esquema de integración económica al que Bolivia quiere sumarse para favorecer actividades económicas legales.

Los gobiernos de esos dos países han mostrado señales de molestia, como el control severo de la frontera y la amenaza de expulsión de ciudadanos bolivianos. Limitar el cultivo de la coca al mínimo sería lo aconsejable para proteger el buen nombre del país e incluso para ayudar al comercio internacional de los productos legales 

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