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Como estaba previsto, el 25 de enero pasado Transparencia Internacional publicó su informe anual sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI – Corruption Perception Index – 2021), donde se evalúa la corrupción en el sector público de 180 países de todo el mundo a través de grupos de expertos y personas relacionadas a los negocios, tomando como base 13 fuentes de datos de diferentes instituciones de renombre internacional, como el Foro Económico Mundial, Banco Mundial, World Justice Index, y otros que individualmente miden y publican indicadores relacionados a la transparencia en entidades públicas.

Entre las principales variables que evalúan las fuentes de información del CPI, están relacionadas a los riesgos y hallazgos de corrupción en las compras y contratos de los gobiernos; la percepción de corrupción de las empresas respecto a estas adquisiciones; el acceso y la transparencia con la que se maneja la información sobre licitaciones públicas; el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa; la cualidad de la democracia expresada en la representación ciudadana y la independencia de los poderes; y en la integridad del sistema judicial, entre otros.

Entre los resultados globales más destacados señala el informe que el año 2021 -teniendo en cuenta que el índice califica entre 0 y 100 puntos, siendo cero el más corrupto y 100 el más transparente- el promedio mundial se mantiene sin cambios por décimo año consecutivo, en solo 43 de los 100 puntos posibles. A pesar de los múltiples compromisos, 131 países no han logrado avances significativos contra la corrupción en la última década. Dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50, lo que indica que tienen graves problemas de corrupción, mientras que 27 países se encuentran en la puntuación más baja de su historia, entre los que se encuentra Bolivia.
Con un puntaje promedio de 43 sobre 100 por tercer año consecutivo, los países de las Américas se han estancado en la lucha contra la corrupción. A pesar de una amplia legislación y compromiso regional para controlar este flagelo, la corrupción continúa socavando la democracia y los derechos humanos, particularmente en los países con mayor índice de corrupción como Venezuela (14) Haití (20) y Nicaragua (22), considerados como países no democráticos. En el mismo periodo 2012-2021 cuatro de las democracias más representativas de la región como Canadá (74), Uruguay (73), Estados Unidos (67) y Chile (67) lideran el ranking en la región.

En el detalle de la evaluación por país sobre la percepción de la corrupción en el sector público, Bolivia muestra un preocupante retroceso en su calificación durante el último decenio, siendo su mejor nota el año 2012 cuando obtuvo 34 puntos sobre 100, cayendo a 30 puntos sobre 100 el pasado año 2021 lo que representa la peor calificación de su historia. Respecto al promedio de la región, Bolivia está a 13 puntos y se ubica en el tercio de los países más corruptos del mundo, según datos de Transparencia Internacional. Entre las calificaciones negativas más notorias de las siete sobre las que se avaluó el CPI de Bolivia están la del World Economic Forum y el World Justice Project. 

Los riesgos económicos más notorios que confronta el país según The Global Risk Report 2022 del Foro Económico Mundial son: una crisis de empleo y medios de subsistencia para la población (menos empleo formal, incremento de la pobreza); mayor proliferación de la actividad económica ilícita (narcotráfico, contrabando, delincuencia); la inequidad digital (acceso y calidad del internet); el daño ambiental (quemas de bosques, contaminación de la actividad minera legal e ilegal). En el caso de la justicia se observan las mayores deficiencias en el respeto a derechos fundamentales, la corrupción en el Órgano Judicial y de defensa pública, la ausencia de justicia civil y penal, inseguridad ciudadana, ausencia de independencia de poderes del Estado y Gobierno poco transparente.

Ante estas evidencias sobre diferentes indicadores de organismos internacionales reconocidos, resultaría hasta necio negar una realidad constatable en el día a día, que la corrupción ha tomado gran parte de nuestras organizaciones públicas y también una parte de las organizaciones privadas que lucran y se favorecen del padrinazgo y favores del sector público, o de la falta de mecanismos de control y transparencia al interior de las entidades asociativas o cooperativas, sean estas de servicios públicos o eminentemente privadas.
Finalmente el Informe de Transparencia Internacional recomienda tomar acciones urgentes para fortalecer la transparencia, integridad e independencia del sistema de justicia, proporcionando recursos financieros y técnicos y ofreciendo protección a fiscales y jueces asignados a investigar casos de corrupción y abusos a los derechos humanos. La comunidad internacional debería buscar mecanismos para apoyar a la sociedad civil, periodistas y denunciantes. Los países donantes y las agencias de crédito multilaterales deben fortalecer su evaluación de la corrupción y el respeto por los derechos humanos al otorgar préstamos. No podemos dejar que la corrupción nos arrebate la salud, educación y bienestar con dignidad de los bolivianos.

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