Opinión

La creciente conflictividad

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28 de agosto de 2017, 4:30 AM
28 de agosto de 2017, 4:30 AM

La semana que comienza está marcada por amenazas de nuevas movilizaciones, sobre todo focalizadas en uno de los enclaves del masismo y de los llamados Ponchos Rojos. Desde Achacachi se ha gestado un duro bloqueo que puede derivar en choques entre comunidades de la misma zona si se deja crecer el conflicto. Incluso hay llamativas articulaciones de los sectores movilizados en el altiplano paceño con organizaciones cocaleras enfrentadas al Gobierno y con los indígenas que se oponen a la construcción de la carretera por el Tipnis. En Camiri hay otro lío municipal que nadie consigue eliminar desde hace meses. Representantes de los microempresarios marcharon en días recientes por los daños que les provoca la venta de ropa usada. En algunas ciudades los alcaldes enfrentan protestas locales y el sector salud protagoniza paros con cierta frecuencia en Santa Cruz.  
En algún momento el Gobierno interpretó que los conflictos forman parte de una nueva etapa a la que llamó “de las tensiones creativas”, muy diferente a lo que fue la etapa del llamado “empate catastrófico”, en la que el país corrió el riesgo de dividirse. Al margen de cómo se interprete el actual momento, preocupa el incremento de la conflictividad, ya que tanto los bloqueos como los paros afectan directamente a la producción y a la economía, que sienten este año una desaceleración. Hace unas semanas se informó que en los primeros meses del año los conflictos crecieron hasta casi un 30% en relación con el mismo periodo de 2016. Es posible que en los meses y en los dos años que vienen también crezcan las protestas sociales y la confrontación política, ya que la caída de los ingresos económicos hará que aumenten las demandas y entraremos en un nuevo proceso preelectoral. 
Conviene entonces que el Gobierno se tome en serio la gestión de conflictos, como el de Achacachi, que tiene una motivación parecida a la de Camiri. No basta con que acuse a la oposición de promover las movilizaciones y de articular a sectores que fueron antes afines al MAS. En cuanto al Tipnis, en vez de apagar el repudio de los que rechazan la carretera, la nueva ley más bien encendió los ánimos. Es un tema de más difícil resolución y puede estar un largo tiempo en la agenda pública, ya que ha vuelto a activar un debate de alcance más nacional. Los actores políticos del oficialismo y de la oposición han tomado el tema como una bandera y la agitarán para arrancar adhesiones. 

Entretanto, la economía sufre porque la atención del Gobierno no parece estar puesta un 100% en la urgencia de hallar nuevos ingresos para Bolivia.  

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