La creciente presencia del narcotráfico
La detención del ex director nacional de la fuerza policial contra las drogas Maximiliano Dávila, acusado por legitimación de ganancias ilícitas, pero que figura en informes de la DEA por actividades relacionadas con el narcotráfico, viene a reconfirmar una constatación preocupante: la presencia del narcotráfico en Bolivia no se da solo en laboratorios de la droga o el tráfico de redes desconocidas, sino que también pisa fuerte en instituciones del Estado boliviano.
Que cuatro altos jefes policiales de los últimos diez años, tres de ellos precisamente comandantes antidroga, estén procesados por narcotráfico es poco menos que escalofriante. Hoy es Dávila, pero ayer fueron Omar Rojas, detenido en Colombia y que en los próximos días será extraditado a Estados Unidos; René Sanabria detenido el 2011 en Panamá por encabezar una red que mandaba droga a Estados Unidos; y Óscar Nina condenado a siete años por narcotráfico.
Maximiliano Dávila fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en 2019 y será procesado en Bolivia por legitimación de ganancias ilícitas, un delito menor que no está incluido en la Ley antidroga boliviana; mientras Estados Unidos lo acusa por narcotráfico en una corte de Nueva York y probablemente intentaría extraditarlo, aunque ya algún senador del MAS descartó esa posibilidad.
“Es una vergüenza que los narcotraficantes sean los encargados de luchar contra el narcotráfico”, resumía en un tuit el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
Junto a esa valoración, surgieron otros cuestionamientos de dirigentes de la oposición política, como los del diputado Erwin Bazán, que pide una investigación transparente para “conocer la verdad de la red de narcotráfico con vinculaciones policiales y políticas”.
Esta nueva ola de detenciones y nombres de personas vinculadas al narcotráfico surgen en las investigaciones que, sin tener presencia en Bolivia, realiza la DEA desde otros territorios de la región. Es decir, si desde afuera del país la agencia antidrogas de Estados Unidos fue capaz de identificar el tráfico de drogas que realizaban el exmayor de policía Omar Rojas, y ahora Maximiliano Dávila, es que se debe inferir que Bolivia está viviendo una época de mucha permisividad para el narcotráfico.
A eso se suma el asesinato de dos ciudadanos brasileños, uno en San Matías y otro en Santa Cruz, el 19 y 21 de enero, considerados grandes capos del narcotráfico con antecedentes en su país. El primero, Everton Cándido Gomes da Silva, fue acribillado con 17 disparos en San Matías, y el segundo, Marciel Ribeiro de Oliveira, recibió 11 disparos de bala en una vía pública de Santa Cruz de la Sierra.
Gomes da Silva tenía 17 procesos en tribunales brasileños y era jefe de un grupo de narcotraficantes; Ribeiro, era considerado como uno de los mayores narcotraficantes del estado de Goiás, se lo identificaba como “el narco de la ostentación”.
Ambos se encontraban en territorio boliviano, y no estaban acá haciendo turismo, sino operando en lo que hicieron durante toda su vida: tráfico de drogas.
A las autoridades nacionales no les gusta el término, parece demasiado evidente que en el país operan cárteles de la droga, unos peligrosos por la violencia que practican particularmente por la influencia de grupos de Brasil, y otros que se incrustan en la Policía Nacional y otras instituciones del Estado; ambos igual de ilegales y que conforman mafias que crecen silenciosamente, al amparo de la excesiva permisividad boliviana.
