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26 de febrero de 2017, 4:00 AM
26 de febrero de 2017, 4:00 AM

La lógica tradicional parecía irrefutable: allí donde hay un bajo nivel de desarrollo y altos niveles de pobreza y desesperanza, las personas son más propensas a actuar al margen de la ley y cometer actos violentos. Sin embargo, y a pesar de unos niveles sin precedentes de crecimiento económico y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe en la última década, la región sigue experimentando altos niveles de criminalidad y violencia.


Entre 2003 y 2013, la región recortó la pobreza extrema a menos de la mitad, al 11,5%, y la pobreza total descendió de manera dramática del 42 al 24,1%. Por primera vez, hay más personas de clase media en la región que viviendo en la pobreza. Sin embargo, la criminalidad y la violencia siguen siendo problemas enormes. Entre 2005 y 2012, los homicidios crecieron a una tasa tres veces más rápida que la misma población. No es de extrañar que el número de latinoamericanos que mencionan al delito como su mayor preocupación se haya triplicado. La violencia hace que las personas se retraigan, se oculten tras puertas cerradas y eviten los espacios públicos, debilitando los lazos interpersonales y sociales.


La relación entre el desarrollo y la criminalidad y la violencia es recíproca. Por un lado, no podemos decir que el crecimiento económico y el progreso social no tengan un impacto en la reducción de la criminalidad. La lección que deberíamos extraer es que el desarrollo es necesario pero no suficiente para controlarlos. Se debe implementar una combinación de políticas probadas e integrales para prevenir estos flagelos.


Por otro lado, la criminalidad y la violencia afectan al desarrollo. Sabemos que la región ocupa el primer y segundo puestos mundiales en términos de porcentaje de empresas que sufren pérdidas relacionadas con la criminalidad y costos relacionados a la seguridad, respectivamente.


La inseguridad es el resultado de una combinación de múltiples factores, desde el tráfico de drogas y el crimen organizado, pasando por sistemas judiciales y de cumplimiento de la ley débiles que fomentan la impunidad, hasta la falta de oportunidades y apoyo para jóvenes de comunidades desfavorecidas.


No resolveremos el problema solo con más acciones policiales, más educación o más empleos exclusivamente. Debemos hacer todo esto, de una manera integral, con base en datos fidedignos y estrategias probadas.
En este sentido, Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención es una contribución significativa. Este informe aporta una nueva mirada a aquello que sí ha funcionado.


Desde programas que reducen la probabilidad de que los niños abandonen el hogar, hasta tratamientos para la salud mental y empleos de más calidad para los jóvenes, parece ser que un enfoque integral hacia la prevención es lo que hace que una política tenga éxito. Para que un enfoque integral funcione, debe darse con instituciones como la Policía y el sistema judicial que sean confiables.


Pero más allá de políticas específicas, lo que importa es el tejido social. América Latina aún es la región más desigual del mundo. Por lo que mejorar las oportunidades para todos, así como la equidad en el acceso a servicios sociales, ayudará a prevenir comportamientos violentos.
Si queremos éxito en la lucha contra la pobreza, los niveles de criminalidad y violencia en la región deben llegar a su fin 

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