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La política tiene al pueblo peruano contra las cuerdas. El periodo presidencial, que comenzó en 2016 y que estaba destinado a durar cinco años, se ha convertido en la sucesión dramática de tres mandatarios, en un ambiente de incertidumbre y asqueo ciudadano respecto a hechos de manipulación partidaria y de corrupción. 

Como ocurrió en Bolivia, las decisiones del Legislativo no necesariamente acompañan el sentir de la población. Es así que la destitución del presidente Martín Vizcarra, la noche del lunes, ha dado lugar a varias protestas callejeras en diferentes ciudades del vecino país que están siendo reprimidas por la Policía, mientras hay un nuevo jefe de Estado, el empresario y último presidente del Congreso, Manuel Merino.

Esta crisis tiene larga data y ha terminado con los últimos siete mandatarios acusados de corrupción. Durante el último periodo gubernamental, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo serias diferencias con los parlamentarios, especialmente de la bancada de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien ejerció su poder a través de la mayoría legislativa logrando que el mandatario renuncie ante una inminente censura. 

Tras este dramático episodio asumió Martín Vizcarra. Sus determinaciones fueron firmes y no fue genuflexo ante Fuerza Popular y otros partidos del Legislativo; es más, desafió a los miembros de este poder y se atrevió a cerrar el Congreso (figura constitucional en Perú). Convocó a nuevas elecciones de parlamentarios, pero esto no curó las heridas con la clase política que juró venganza en su contra.

Tras esto llegó la pandemia y Vizcarra fue señalado por no haber tenido la capacidad de controlar la crisis sanitaria que convirtió a Perú en el país más golpeado por el coronavirus en todo el planeta. El problema minó su imagen ante la población y lo debilitó al punto de ser nuevamente blanco del Congreso que buscó cómo acusarlo de corrupción y lo destituyó en el segundo intento, bajo sindicación de incapacidad moral para gobernar por supuestamente recibir sobornos cuando era autoridad subnacional.

La corrupción es el argumento constante. Hay exmandatarios a los que se les ha encontrado evidencias de malos manejos, incluso la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha estado presa por supuestos vínculos con el caso Lava Jato. En el caso de Vizcarra, él asegura que es inocente, que sale del Palacio de Gobierno con la frente en alto y que estará presente en todas las audiencias que investigan la sindicación que hay en su contra.

La corrupción es uno de los grandes problemas en Perú y en gran parte de los países de América Latina. Sin embargo, lejos de darse pasos concretos para combatirla, se la utiliza como el argumento para anular al adversario. Está pasando en Perú, ha pasado en Bolivia y en otros países de la región, como la manipulación del sentir popular en la búsqueda del poder absoluto.

Las protestas callejeras en contra de la destitución no parecen tener como foco el apoyo a un hombre, sino el hartazgo de que la clase política utilice argumentos nobles con el fin de destrozar al adversario y buscar el crecimiento político sectario a pocos meses de las elecciones nacionales.

Perú es el país que hace noticia en este momento, pero está visto que hay una crisis institucional en toda la región y que esto genera incertidumbre e inestabilidad, además de golpear la economía de las naciones. Las bolsas están a la baja y, por supuesto, todo esto ahuyenta inversiones y apuestas en uno de los países donde se había estado dando una bonanza económica increíble. Ojalá que los peruanos encuentren el camino y que la politiquería no afecte lo que han logrado.