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Bolivia nuevamente ha vivido días de violencia, división y confrontación. Es un pasado que entrampa al presente e inviabiliza el futuro. Frente a un conflicto social como el que hemos experimentado durante las últimas semanas, lo razonable sería buscar escenarios de diálogo que permitan a la sociedad construir consensos mínimos que permitan superar la crisis múltiple que afrontamos (económica, política, social, sanitaria). Se sigue el camino contrario, apenas se supera el conflicto se amenaza con nuevos juicios, con lo que se condena al país a nuevos enfrentamientos, quizás porque el conflicto permanente es el terreno para el que la cultura política predominante forma a los dirigentes y gobernantes, despreciando el diálogo y el debate democrático como fundamento de la convivencia pacífica en una sociedad plural y diversa.

Las diferencias en el trato estatal a los ciudadanos se profundizan. Los representantes de los pueblos indígenas que marcharon pacíficamente desde la ciudad de Trinidad hasta la de Santa Cruz de la Sierra, son menospreciados por las autoridades, mientras quienes avasallaron predios productivos, secuestraron periodistas y policías, los golpearon y amenazaron su vida, demostraron en los hechos la constitución de un grupo armado irregular que goza de la protección política que les garantiza la impunidad frente a los graves delitos que cometieron.

El resultado es que la sensación de injusticia se agrava, generando mayor incertidumbre e inseguridad de los ciudadanos que pierden los pocos resquicios de confianza que podrían haber quedado en las instituciones estatales. Cómo se puede justificar que a los secuestradores de Las Londras no les pase nada cuando todo el país ha visto azorado cómo amenazaban la vida y violaban los derechos fundamentales de ciudadanos que cumplían su labor, ya sea como trabajadores de la prensa o como responsables de la seguridad pública.

Lo sucedido con el paro multisectorial no es diferente. Las imágenes de grupos de choque movilizados en vehículos incautados al narcotráfico y entregados en custodia a entidades públicas, que gozaban de la protección policial para atacar y agredir a ciudadanos que protestaban pacífica y pasivamente en las calles, refleja la profunda distorsión del uso de la fuerza pública por parte del Estado.

Nuevamente la injusticia se comprueba con los hechos, puesto que mientras los agresores gozaron de libertad, muchos ciudadanos fueron detenidos y otros son amenazados con juicios. Se rehúye aceptar que las normas abrogadas contenían disposiciones que abrían las puertas a su aplicación discrecional y arbitraria, violando los derechos de los ciudadanos y amenazando su patrimonio, presunción de inocencia y derecho a la defensa, lo que movilizó a amplios sectores de la población que se sintieron amenazados e indefensos si esas normas se aplicaban.

Ninguna de estas situaciones pasa sin consecuencias para el país, sino que tienen efectos estructurales sobre nuestras posibilidades de desarrollo. El conflicto permanente, la división y la confrontación ciudadana, constituyen barreras casi imposibles de superar para el progreso económico y social de una sociedad. La incertidumbre se vuelve la constante y el largo plazo desaparece de las expectativas, debido a que las inversiones en el país se perciben como riesgosas, con lo que se vuelven más escasas y se reducen a las que realizan los empresarios nacionales.

Por ello, cuando me refiero al pasado, apunto a esa escuela de conflicto permanente en la cual gran parte de los gobernantes y dirigentes políticos y sectoriales han sido formados. Es la forma que conocen de destacarse y de proyectarse. En el corto plazo, satisfacen sus objetivos personales y los de su entorno cercano, puesto que alcanzan puestos y espacios públicos que no hubieran logrado con ideas, propuestas o visión de desarrollo. En el mediano y largo plazo, el conflicto los terminará devorando y continuará haciendo más difícil la construcción de ese espacio común llamado nación.

Oscar Ortiz Antelo ha sido Presidetne del Senado y Ministro de Economía


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