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3 de octubre de 2017, 4:00 AM
3 de octubre de 2017, 4:00 AM

Fieles a la más rancia tradición altoperuana, los abogados de la república quedaron prendados del papel sellado y el escrito y el embeleso lo transmitieron a la sociedad. En los memoriales se debe ser capaces de compartir el sentir de los pueblos y la voluntad que los anima. Y necesitamos que todo esté en las leyes para luego buscar cómo evadirlas con el mágico “hecha la ley, hecha la trampa”.

Los acontecimientos, los titulares y los encendidos comentarios por las redes me ayuda a comprobar que estamos ingresando a un nuevo orden, más simple, más sencillo, pero más contundente por la combinación de sus factores: el de la verdad de Estado, que se impone a través de todos sus instrumentos, en más ejercicio del poder y de la fuerza, y en una mayor contundencia de la consigna que termina convirtiéndose en fe. Es Cataluña con su pretensión independentista. Es el señor Maduro con su Constituyente que desconoce la gobernabilidad democrática. Fue un sector de la Santa Cruz de los 2000, cuando proponía “autonomía, con ley o sin ley”. Y es la reelección en la que se encuentra absorto el poder total. 

Como en procesos revolucionarios, no es la ley quien define el resultado sino quien ayuda con sus formas a consolidar el nuevo orden. Coincidiremos, si las premisas son ciertas, que la legalidad no es el bien tutelado mayor, y lo que se impone es la continuidad de la democracia. Algunos ejemplos ayudan a explicar la hipótesis. Los 2 presidentes constitucionales interinos. El restablecimiento del Congreso del 80 que no contaba con la oficialización de los resultados por parte de la Corte Nacional Electoral, para posesionar a la UDP. El acortamiento del mandato del presidente Siles y la habilitación de Jaime Paz como candidato a la Presidencia en un periodo inmediato, contrario a la Constitución. Y más cercanos, la ampliación del periodo de la Constituyente por una disposición propia.

La aprobación de la Constitución de Oruro, modificada por el Congreso Nacional, órgano derivado sin competencia para ello. Formalmente y siguiendo esta lógica, si el Tribunal Constitucional Plurinacional luego de admitir el recurso que “priva  del derecho a ser reelegido a cualquier ciudadano que lo pretenda” define un nuevo orden, tendría que haber reelección indefinida y deberá, con un artilugio engañifle, modificarse la Constitución sin la majestad del referéndum. Mientras la ciudadanía disconforme, no cuenta con una consigna mayor para impedirlo y se propone interponer acciones, con memoriales y en papel sellado, ante los organismos internacionales.

A esta situación hay que sumarle la aparición de una ciudadanía Mileniall cada vez más evidente, despreocupada de la historia y de la política, y que por vivir ‘en la nube’, carece de base territorial. 

Si todo esto es cierto, estaremos cumpliendo nuestro destino de sociedad leguleyesca sin derecho a reclamo posterior.

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