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La dictadura de Ortega

Óscar Ortiz Antelo 8/6/2021 05:00

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En los últimos días, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha ordenado la detención de dos precandidatos opositores a la Presidencia, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, en una nueva muestra del atropello de su régimen autoritario que viola las bases fundamentales de la democracia y pisotea los derechos humanos de sus ciudadanos. La reacción de la comunidad internacional es casi inexistente y la prensa internacional concentra la cobertura en el conflicto social de Colombia, pasando casi desapercibido lo que sucede en la nación centroamericana.

Repasemos los hechos. Desde abril de 2018, cuando se iniciaron protestas ciudadanas por reformas al seguro social, hasta mayo de 2020, 1.614 opositores habían sido detenidos arbitrariamente según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Informe también señala que la represión del Gobierno nicaragüense produjo 328 muertos, la mayor parte de los cuales eran jóvenes de familias de escasos recursos, quienes habían liderado las protestas.

El citado informa también señala que el régimen sandinista canceló la personería jurídica de más de una docena de ONG y confiscó las instalaciones de medios de comunicación considerados opositores a su gestión. Por su parte, un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evalúa la situación de Nicaragua a diciembre de 2020, estableciendo que en los últimos tres años más de 100.000 nicaragüenses han solicitado asilo en terceros países. Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, se debe tomar en cuenta que el país solo tiene una población de 6,5 millones.

En la medida que se aproximan las elecciones de noviembre de 2021, a la cuales no debiera poder presentarse por las limitaciones constitucionales a la reelección, burladas mediante una interpretación judicial arbitraria, ha profundizado la represión contra sus posibles competidores. Los candidatos Chamorro y Cruz fueron prácticamente secuestrados e incomunicados por las fuerzas de seguridad, sin los más mínimos elementos propios del debido proceso. Según ha denunciado el ministro de Relaciones Exteriores de Republica Dominicana, también se ha cancelado la personería jurídica de la Coalición Nacional, alianza que enfrentaría a Ortega en los próximos comicios.

Se teme que en los próximos días la persecución alcance a otro candidato que enfrentaría a Ortega, Felix Madariaga. Otros dos precandidatos, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, sufren arresto domiciliario. El acoso de la justicia manipulada por el oficialismo también ha alcanzado al conocido escritor y exvicepresidente, Sergio Ramirez, quien ha sido convocado en el caso abierto contra Cristiana Chamorro. Como si esto no fuera suficiente, la prensa también ha sido víctima de la represión, allanándose a fines de mayo pasado las oficinas de la revista Confidencial y habiéndose detenido a varios periodistas, incluidos corresponsales de la prensa internacional.

Quizás lo más preocupante es que progresivamente la comunidad internacional se va acostumbrando a los abusos de estos regímenes autoritarios. Venezuela, por ejemplo, prácticamente ya no es noticia, a pesar de que la situación económica, política y social se ha deteriorado a tal punto que continúa provocando un éxodo sin precedentes para una nación que no sufre una guerra internacional o una guerra civil.

Frente a estos hechos se ven muy pocos pronunciamientos internacionales, las organizaciones de derechos humanos, salvo muy pocas excepciones, brillan por su ausencia, y los gobiernos autodenominados ‘progresistas’ no solo guardan un silencio cómplice, sino que defienden a estos gobiernos abusivos.

Quienes compartimos los principios y valores democráticos debemos pronunciarnos para que estos hechos no dejen de ser denunciados, pues, de lo contrario, en nuestros propios países no faltará quienes crean que se puede ser impunemente poderoso.

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