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Venezuela tuvo elecciones legislativas el reciente domingo, calificadas por gran parte de la comunidad internacional como ilegítimas, ilegales, fraudulentas, sin respaldo internacional, sin participación de la oposición, con una corte electoral parcializada con el chavismo y una abstención del 70 por ciento.

Aunque todo lo que impulsa Nicolás Maduro no debiera llamar la atención, dado que hace mucho allí no existe democracia, lo llamativo es que cada cierto tiempo se hacen estos ejercicios de ropaje democrático que no hacen otra cosa que consolidar la dictadura con prácticas reñidas con la transparencia, las leyes y la credibilidad.

Por eso no importa si el chavismo hubiera ganado esos comicios con el 67,7 por ciento de los votos emitidos, según anunció el Consejo Nacional Electoral acusado de ser chavista.

El Grupo de Lima, integrado por 16 países de la región, desconoció los resultados de la cita electoral por carecer de legalidad y legitimidad y llamó a la comunidad internacional a no reconocer el triunfo del chavismo.

La agrupación llamó a los países a unirse al rechazo de las elecciones fraudulentas y a apoyar los esfuerzos para la recuperación de la democracia en ese país, según una declaración suscrita por los países miembros y divulgada por la Cancillería de Perú.

También observó que los comicios se desarrollaron sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional.

Incluso Uruguay, que no forma parte del Grupo de Lima y en el pasado reciente tuvo posiciones no críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, emitió una declaración en la que manifiesta su preocupación porque el proceso ‘no fue llevado a cabo en conformidad con los principios y valores democráticos, al carecer de garantías mínimas de transparencia’.

Entre otras cosas, Uruguay observó que en las elecciones venezolanas no existieron órganos de control independientes ni imparciales porque en Venezuela actualmente no existe Estado de derecho ni separación de poderes.

¿Cuán válidas pueden ser unas elecciones donde siete de cada diez personas habilitadas para votar deciden no asistir a las urnas? Como era de esperar, Evo Morales, aliado incondicional de Nicolás Maduro, asistió como observador a Venezuela, reeditando de esa forma la alianza populista de la región, de la que también hace parte la dictadura de Cuba.

El Gobierno de Estados Unidos consideró que el proceso electoral venezolano se redujo a una farsa de la dictadura de Maduro y expresó su respaldo a la consulta popular que impulsa el opositor Juan Guaidó, que consiste en un plebiscito organizado desde la Asamblea Nacional de ese país que se realiza desde el lunes y hasta el sábado, aunque sin aval de la autoridad electoral, de línea chavista.

Una de las preguntas de la consulta popular impulsada por Guaidó dice: ‘Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro y (…) elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?’

En Venezuela no hay democracia, y mientras esa condición se mantenga, no habrá proceso electoral alguno válido, y mucho menos si es administrado por una corte electoral al servicio del Gobierno, algo de lo que en Bolivia tuvimos recientes experiencias, como el Tribunal Supremo Electoral que organizó las elecciones con fraude del 20 de octubre de 2019.

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