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El 10 de noviembre de 2019, apenas pocas horas después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales por la movilización popular que rechazaba el fraude de las elecciones del 20 de octubre, en La Paz grupos de personas quemaron 66 buses de propiedad de la Alcaldía de esa ciudad, los conocidos Pumakatari, en los garajes de Chasquipampa y Achumani, en la zona sur.

Durante las primeras investigaciones se aprehendió a dirigentes de choferes de esa ciudad, entre ellos el dirigente vecinal y excandidato a diputado por el Movimiento Al Socialismo Jesús Vera, a quien se denunció en su oportunidad de haber promovido ese acto de vandalismo. En marzo, Vera, quien se encontraba detenido en el penal de San Pedro de La Paz, fue beneficiado con detención domiciliaria.

Vera dice ahora que la quema de los 66 buses Pumakatari fue un autoatentado que habría protagonizado nada menos que el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

Y casi en consonancia con el discurso de Vera, el Ministerio Público emitió una resolución de rechazo por la que anuncia que no investigará la quema de los 66 motorizados, pese a la denuncia formal presentada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la “destrucción y deterioro de bienes del Estado”.

El alcalde Revilla reaccionó indignado ante esa decisión, denunció que pretenden cerrar la investigación por la negligencia de la Fiscalía y anunció que la próxima semana abrirán otro proceso para ‘evitar que delincuentes queden en la impunidad, simplemente por favores políticos en contra del patrimonio de la ciudad de La Paz’.

Es decir, para la Fiscalía no existió delito en el acto de barbarie de quemar 66 vehículos de propiedad del Estado y de servicio a la población, como si los costosos objetos fueran responsables de cualquier diferencia ideológica o política.

Por tanto, si hoy mismo cualquier persona decide prenderle fuego a otros vehículos o cualquier propiedad del Estado (de la Alcaldía, Gobernación o del Gobierno central) no estaría cometiendo ningún delito, siguiendo la lógica de la jurisprudencia que está dejando la actuación del Ministerio Público en La Paz.

Actos como esos son los que ya no solo provocan el desprestigio en las instituciones de la justicia como el Ministerio Público, sino el rechazo general de sus acciones consideradas al servicio del poder político, en este caso del Movimiento Al Socialismo, sin que los aludidos al menos se sonrojen.

Por definición, el Ministerio Público representa a la sociedad boliviana ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, ejerciendo la acción penal pública.

En otras palabras, la institución constitucional del Estado boliviano llamada a defender a la sociedad se niega a hacerlo y prefiere ponerse del lado de los intereses de particulares solo porque estos están relacionados con el partido de Gobierno.

A estas alturas resulta ocioso preguntarse a quién defiende la Fiscalía porque la respuesta la dan casi a diario sus mismos funcionarios, igual que los jueces que en estas últimas tres semanas curiosamente liberaron a casi todas las personas relacionadas al Movimiento Al Socialismo que permanecían detenidas bajo diversos cargos.

Si ni siquiera un acto de vandalismo indudable como la quema de 66 buses del Estado boliviano merece la atención del Ministerio Público, ¿qué se puede esperar de otras causas menos incuestionables que esta?



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