Opinión

La guerra que no se puede perder

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3 de noviembre de 2018, 4:00 AM
3 de noviembre de 2018, 4:00 AM

Desde hace tiempo largo, en Santa Cruz de la Sierra se libra una ‘guerra’ por el rescate de los espacios públicos avasallados sistemática y permanentemente, lo que dificulta tener una ciudad ordenada, segura y limpia. El traslado de los viejos mercados públicos cruceños, desordenados, hacinados e insalubres, semejó un parto de los montes por la fuerte resistencia de buena parte de sus ocupantes. A regañadientes, lo permitió la construcción de grandes y modernos centros de abastecimiento por el municipio cruceño con una inversión millonaria de recursos provenientes de los impuestos que abonan los contribuyentes. Fue, sin lugar a dudas, un gran paso a un gran costo.

La entrega de esa importante infraestructura constituye uno de los mayores logros de la actual gestión edilicia, aunque sigue pendiente de solución el problema que representan los ‘gremiales’ que parecen brotar como hongos para asentarse en cualquier sitio, argumentando que no fueron tomados en cuenta en la asignación de los nuevos puestos y que, según claman, de alguna manera o en cualquier parte, tienen que ‘ganarse la vida’. Es así que el desborde de una legión interminable de vendedores ambulantes se registra en las afueras de los mercados recién construidos, en los desocupados anteriormente, aunque la oleada también alcanza plazas, parques, calles y avenidas de la capital ñuflense que, cuando los controles aflojan, se convierte en tierra de nadie.

Esta ‘guerra’ contra la informalidad no se puede perder, después de varias batallas y millonarios gastos, contra los grupos generadores de un conflicto que, además de obstruir el ordenamiento de la urbe cruceña, pretende doblegar la voluntad ciudadana y las normas de una convivencia civilizada. En busca de su propio beneficio, tales grupos le faltan el respeto a la urbe que los cobija y en la que hallaron cama y rancho. Frente al desacato, el principio de autoridad debe imponerse a quienes lo resisten, con el respaldo de la solidaridad social y el respeto de las reglas que garantizan el buen vivir en una comunidad que debe darse con el cumplimiento de derechos y obligaciones por sus miembros.

En este caso, no hay dónde perderse. El recurrente problema no debe torcer la voluntad popular ni el brazo de la autoridad llamada por ley a imponer los límites a cuantos creen que pueden hacer lo que les viene en gana en la ciudad que los acoge y que es necesario rescatar del caos y del abuso al que pretenden someterla quienes la malquieren y la hacen blanco del irrespeto.

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