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7 de abril de 2017, 4:00 AM
7 de abril de 2017, 4:00 AM

La impugnación es la acción y efecto de contradecir o refutar una actuación judicial, ya sea testimonial, documental, pericial, etc. Su ejercicio se garantiza tal y como lo establece el art. 180.II de la Constitución Política del Estado y entre las actuaciones judiciales se tiene las pericias sicológicas, de las que se viene observando que las partes –porque no están de acuerdo con sus resultados y son asesoradas por sus abogados– realizan impugnaciones a las pericias sin acompañar un contrainforme o contrapericia elaborado por un profesional sicólogo. Además, inician acciones penales contra los peritos sicólogos, sin el sustento sólido, solo con la descripción de ideas muy personales, en las que incluso llegan a indicar de qué forma el sicólogo debería realizar su trabajo. Así se trata los resultados de las pruebas sicológicas, como cuestiones opinables, olvidando el valor de las pruebas objetivas.

Por ejemplo, una persona que no es abogado no es idónea para cuestionar un memorial, porque no tiene la formación en derecho. Y, en el caso de los sicólogos, tampoco pueden cuestionar sus informes las personas que no poseen la formación sicológica. Entonces, quien se crea agraviado por alguna pericia sicológica podrá refutar ese informe o pericia solicitando al juez una nueva pericial como argumento de su impugnación.

En ese sentido, cualquier impugnación sobre una pericial debe ser tomada en cuenta cuando se presenta como prueba una contrapericial o contrainforme hecho por un sicólogo forense que tenga la formación y experiencia comprobada, y que demuestre que el informe en cuestión contiene errores ostensibles y notorios o emplea criterios irracionales. 

Ante estos hechos hay que solicitar a los sicólogos una actuación acorde con los criterios científicos, de forma que se evite expresar meras opiniones, y a los abogados que no intervengan en la valoración de aquello para lo que no están formados 

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