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La impunidad del agresor

William Herrera Áñez 14/2/2021 05:00

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La mega reforma judicial del ministro de Justicia, Iván Lima, parece haberse limitado a reducir (cuando necesita aumentarse) el escuálido presupuesto del Poder Judicial, y a buscar que la acción penal en los casos de violencia contra la mujer pase a manos del agresor. Ivan Lima ha propuesto no solo eliminar la persecución penal de oficio (que siempre ha estado en poder del Estado), sino también se habilite la conciliación entre la víctima y el victimario como si se tratase de hechos delictivos de bagatela.

Y como el agresor pretende controlar el ejercicio de la acción penal, el próximo paso puede ser diseñar la política criminal del Estado boliviano en este campo. La singular propuesta judicial significaría introducir nuevos paradigmas jurídico-penales y cambios legales que podrían terminar haciendo, por ejemplo, que los internos elaboren sus propias terapias ocupacionales y controlen la seguridad de las cárceles. En este plano, existen autoridades formalmente designadas para combatir al narcotráfico que han sido y son los mismos dirigentes cocaleros, productores de la materia prima de la cocaína.

La propuesta del ministro Iván Lima no solo supone un verdadero retroceso histórico, sino igualmente perfora y traiciona las conquistas jurídicas de las mujeres que han luchado y seguirán luchando en busca de una vida digna, sin violencia de género y feminicidios. La idea constituye una verdadera amenaza de revictimizar a las mujeres, al extremo de echarles la culpa por la violencia machista.

La anunciada reforma a la ley N.° 348 no solo va en contra de la inviolabilidad de la persona, sino además cualquier hecho de violencia que se ejerce contra la mujer tiene un efecto devastador en el hogar y la familia, núcleo esencial de la sociedad. La situación es preocupante porque, estadísticamente, cada año pasa el centenar de mujeres que son brutalmente asesinadas producto de la violencia machista. El grado de impunidad es altísimo, y el sistema judicial termina agotando a quienes buscan un poco de justicia. Los medios de comunicación registran los procedimientos tortuosos que pasan quienes buscan justicia en Bolivia después de ser violadas, golpeadas, ultrajadas o asesinadas.

El ministro olvida que la Constitución proclama que “toda persona tiene derecho a la vida y la integridad física, sicológica y sexual”, y “nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes” (art. 15 CPE). En la mayoría de los casos de violencia contra la mujer se pone en peligro la vida, el primer derecho fundamental reconocido en la Constitución, los Pactos y Convenios Internacionales. La importancia del derecho a la vida deviene de su naturaleza primaria, pues se constituye en una condición del ejercicio de los demás derechos y, como pregonan los mentores del Estado Plurinacional, no se reconoce cualquier forma de vida, sino únicamente la vida digna. La dignidad constituye una barrera en el ejercicio de los derechos fundamentales; además, es un dique a toda reforma constitucional que pretenda desconocerla, suprimirla, degradarla o desnaturalizarla.

El derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de “humano”, y constituye un fin propio y no un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. Este derecho fundamental se vulnera cuando se degrada a la persona (como obligarla a “negociar” con su agresor) a un nivel de estima incompatible con su naturaleza humana, cualquiera sea el lugar o situación en que se encuentre.

Que la reforma judicial se haya reducido a recortar el presupuesto del Poder Judicial y se busque no solo imponer la conciliación en los hechos de violencia contra la mujer, sino también dejar el ejercicio de la acción penal en manos del agresor, se prohíben las protestas ciudadanas, y la lucha contra el narcotráfico quede en manos de los cocaleros, constituyen señales claras de que el Gobierno del Movimientos al Socialismo no cambiará el sistema judicial y se volverá a imponer la ley de la selva contra la mayoría del pueblo boliviano.



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