Orlando Saucedo Vaca | economista
Milton Friedman lo dijo con claridad: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Pero en países como el nuestro, ese fenómeno tiene raíces fiscales profundas. No aparece de la nada. Se gesta cuando el Estado gasta más de lo que tiene, se endeuda sin medida y recurre a la emisión para tapar agujeros que él mismo creó.
Y esa lógica hoy se siente en la calle. Vas al mercado o a la farmacia y notas que todo está más caro. No es percepción. Tampoco es culpa del “contexto internacional”. Es inflación, y es de fabricación nacional. No vino de afuera: se gestó adentro, paso a paso, con decisiones que se acumularon durante años y hoy nos pasaron la factura.
Todo comenzó cuando se agotaron los ingresos por gas. Durante más de una década, Bolivia vivió de exportar gas natural. Fue nuestra principal fuente de divisas. Pero no se invirtió en exploración, y las reservas se agotaron. Hoy, simplemente, ya no hay gas para vender. Y con menos gas, llegaron menos dólares.
Pero lo más grave fue que, a pesar de esa caída de ingresos, el Estado no ajustó su nivel de gasto. Al contrario: el Presupuesto General del Estado siguió creciendo año tras año, como si el boom aún estuviera vigente. El gobierno decidió mantener —e incluso ampliar— un aparato estatal sobredimensionado, postergando el ajuste e incrementando el déficit fiscal.
Para tapar ese hueco, el Estado primero usó las reservas internacionales. Después recurrió a deuda externa. Luego a deuda interna. Y finalmente, a la emisión monetaria. Pero esa emisión ya no tenía respaldo ni en exportaciones ni en crecimiento productivo. Más billetes, misma cantidad de bienes: el resultado era inevitable.
La escasez de dólares disparó el tipo de cambio paralelo. El dólar ya supera los Bs 16. Y eso encarece todo lo que se importa: alimentos, medicamentos, maquinaria. También generó un problema cada vez más visible: el combustible. El país no puede importar lo necesario. No hay divisas. Por eso las filas en los surtidores, por eso la escasez. Esto ya afecta el transporte, la logística y la producción.
Como si fuera poco, el tipo de cambio también generó contrabando a la inversa. Muchos productos bolivianos cruzan la frontera para venderse mejor afuera. Acá, mientras tanto, faltan y se encarecen. Perdemos stock, perdemos abastecimiento, perdemos control.
Las regiones no están mejor. Las gobernaciones, alcaldías y universidades —que dependen del IDH y el IEHD— vieron desplomarse sus ingresos. Muchas apenas cubren funcionamiento. La inversión pública regional está paralizada, y eso le saca oxígeno a la economía local.
Pero quizás el problema más subestimado hoy sea el colapso de las expectativas. La gente ya no confía en el boliviano ni en la conducción económica. Se dolariza, acapara, ajusta precios preventivamente. No espera estabilidad, y actúa en consecuencia. En ese entorno, la inflación se multiplica: no sólo por lo que pasa, sino por lo que todos temen que pase.
Frente a esto, el gobierno responde con controles, bonos y restricciones. Pero no alcanza. Lo que Bolivia necesita es una reestructuración seria y coherente.
Primero, liberar plenamente las exportaciones. En medio de una crisis de divisas, restringir exportaciones es suicida. Cada dólar que no entra es una traba más para la recuperación.
Segundo, aplicar un ajuste fiscal urgente y real. No hay país que pueda sostener once años consecutivos de déficit sin consecuencias. Eso implica recortar el gasto improductivo, cerrar empresas estatales deficitarias, eliminar subsidios ineficientes y reordenar completamente las prioridades del gasto público. El Estado debe dejar de gastar como si el boom del gas siguiera vigente.
Tercero, un nuevo pacto fiscal con las regiones. Hoy el gobierno central maneja la mayor parte de los ingresos por impuestos coparticipables, incluso para decisiones que deberían tomarse a nivel regional. Es insostenible. Una redistribución 50/50 permitiría a las regiones enfrentar sus urgencias con mayor autonomía y eficacia.
Cuarto, atraer inversión extranjera, pero de verdad. Con reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad. Nadie va a invertir donde los contratos cambian cada año o donde el retorno es incierto y el riesgo es político.
Y finalmente, es imperativo eliminar las trabas legales, regulatorias y burocráticas que dificultan la actividad empresarial en Bolivia. No se puede hablar de reactivación si al emprendedor se le asfixia con normativas cambiantes, procesos engorrosos y una maraña de exigencias que desalientan la formalidad. Hacer empresa debería ser sencillo, ágil y rentable. Solo así se fomentará el empleo, la innovación y el crecimiento económico.
Todo ajuste tiene un costo. Pero ese costo no puede recaer —una vez más— sobre los que menos tienen. Por eso urge establecer un Fondo Social de Emergencia, bien diseñado, focalizado y transparente. Que proteja a los más vulnerables mientras se estabiliza la economía.
La crisis económica no se resuelve con discursos ni con excusas. Se enfrenta con seriedad, austeridad, con reglas claras, con apertura y con un nuevo trato entre el Estado central y las regiones. No hay soluciones fáciles, pero sí caminos responsables. Y el tiempo para tomarlos es ahora.