La institucionalidad nacional sacrificada
Bolivia es un país maltratado, violentado históricamente por la política. Sólo así se puede entender que viva al filo del abismo, en constante zozobra por los conflictos políticos. No es extraño entonces que se defina a este país como aquel que siempre llega al borde del abismo y se salva de caer en él, lo malo es que en ese proceso se lacera la institucionalidad, se pierden vidas humanas y se va matando la buena fe del ciudadano.
En la semana que concluye el país fue bloqueado por gente afín al Movimiento Al Socialismo. El motivo era el peligro de que este partido político pierda su sigla (su opción de participar en las elecciones nacionales) si se aplica una ley aprobada por la legislatura que acompañó a Evo Morales en el poder. Una ley que le fue útil para anular a sus circunstanciales adversarios en comicios pasados. Esa fue la real causa por la que dirigentes y bases masistas bloquearon carreteras, obstruyeron el paso de tanques de oxígeno, de medicamentos y hasta de ambulancias con enfermos que no podían llegar a los centros asistenciales. Los bloqueadores atentaron contra la vida en Bolivia, solamente por mantener una opción de poder para una élite que ha demostrado no interesarse por la suerte de los más desprotegidos.
La Ley de Régimen Electoral establece la pérdida automática de sigla partidaria si alguno de los miembros de la agrupación política divulga resultados de encuestas. El MAS lo hizo y, al saberse culpable, reconoció que la norma no es constitucional, aunque antes la hubiera defendido a capa y espada si se trataba de anular a los candidatos a los que no les podían ganar en Beni. Pero al no saber moverse en el terreno de la legalidad e institucionalidad, el MAS sacó su furia a los caminos, con dinamitas, palos y piedras para atentar contra los bienes de todos los bolivianos, para agredir a ciudadanos pacíficos, como los que viven en Samaipata, y para someter la vida de niños y adultos urgidos de oxígeno. Hubo comisión de delitos y de eso no debe quedar duda, porque esas acciones deben castigarse con todo el peso de la ley.
En medio de esa alta tensión que tenía en zozobra a los bolivianos, el Tribunal Supremo Electoral buscaba una salida mediante el diálogo y su sala plena decidió enviar en consulta la mentada ley por considerar que tiene elementos inconstitucionales; sobre todo el que se refiere a que la sanción inmediata impide el debido proceso a los presuntos responsables de la falta, tal como lo planteó el MAS en su defensa. El Órgano Electoral ha dejado en manos de esta institución el destino de este partido político.
El acuerdo incorporaba que el MAS acepte la fecha de elecciones fijada por el Órgano Electoral y que sus bases en la COB y en el ‘pacto de unidad’ levanten los bloqueos carreteros que tanto daño le hacen al país. Sin embargo, esta madrugada los dirigentes sindicales rompieron lo pactado y decidieron mantener el cierre de caminos, insistiendo con el grave perjuicio a la salud y bienestar de los bolivianos. Quizás esa actitud pretenda mostrar que el MAS no está detrás de las medidas de presión, en un afán engañoso porque varios de los manifestantes se identificaron como masistas, tal como ocurrió en Samaipata el viernes pasado.
Con todo esto, la gran perdedora es la democracia, la institucionalidad. Probablemente, el Tribunal Supremo Electoral hizo lo único que podía hacerse en este momento para evitar la pérdida de más vidas por falta de oxígeno o por la violencia ejercida en los bloqueos. Empero, existe una Ley Electoral que, guste o no, está vigente y debería haber sido acatada por todos los actores. Ahora se la ha enviado al Tribunal Constitucional y serán sus miembros los que definan. La institucionalidad entonces sigue en duda, porque aún no se sabe si la presión callejera y la que se ejerce desde la Asamblea Legislativa harán que los poderes del Estado asuman decisiones más orientadas a evitar la violencia que al cumplimiento estricto de las normas.
La institucionalidad del país es la única garantía para tener una vida racional, madura y respetuosa de los derechos de todos. Si se logra tregua finalmente, hay que tener claro que es una salida momentánea, porque quienes viven de las prácticas violentas no dudarán en volver a ejercitarlas cada vez que algo no esté acorde a sus propios intereses.
Es de esperar que esa racionalidad llegue a través de un compromiso político que pueda respetarse. Bolivia es un gran país, su gente es valiosa. No es justo que la maña de generar violencia, desorden y zozobra sea la práctica habitual. El país no se lo merece.
