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El presidente Luis Arce promulgó el lunes tres leyes destinadas, en teoría, a mejorar la economía del país, que se vio seriamente afectada por la pandemia del Covid-19 durante el año que concluye.

Una de ellas es la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas que se aplicará anualmente a las personas que tienen un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos.

La segunda ley es para el Reintegro del Impuesto al Valor Agregado, que devolverá el 5 por ciento del IVA a las personas que ganan menos de 9.000 bolivianos.

La tercera es la Ley del Presupuesto General del Estado para la gestión 2021, que priorizará la inversión pública por más de cuatro millones de dólares, lo que en opinión del Gobierno contribuirá a la recuperación de la economía.

Esta última incluye también una inyección de 500 millones de bolivianos para las empresas públicas, que para el actual Gobierno son ‘el motor de la economía’, pese a que en los 14 años de gestión de Evo Morales solo demostraron ser deficitarias. Creíamos que el debate sobre la pertinencia de la presencia del Estado en la creación de empresas estaba cerrado, dados los pésimos resultados de esa iniciativa de carácter más ideológico que empresarial, pero ahora descubrimos que no, y que el presidente Luis Arce continúa empeñado en inyectar recursos estatales en ellas.

Durante la promulgación de las leyes, Arce afirmó que con estas leyes ‘se desmontará el modelo neoliberal que se implementó durante 11 meses’, expresiones que seguramente se dicen para el electorado del Movimiento al Socialismo, porque ni las medidas de Jeanine Áñez fueron capitalistas, ni las de Evo Morales fueron precisamente socialistas. En ambos, ha primado un modelo de economía de mercado, y que cada cual bautice con el nombre que mejor le parezca es solo cuestión de gustos y conveniencias político-ideológicas.

En general, el Gobierno está empeñando el éxito de su gestión en este primer año en esas tres medidas, y se espera, por el bien del país, que así sea.

Sin embargo, en particular la ley del impuesto a las fortunas ha merecido durante estas semanas muchas críticas porque se teme que en realidad sea una medida contraproducente que si bien el primer año permitirá al Estado recaudar unos recursos nuevos, en el corto y mediano plazo podría desencadenar un peligroso desincentivo a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Que Bolivia se convierta en un país que tiene un impuesto específico a la riqueza acumulada por el trabajo y la inversión, no es una noticia que hará feliz a quienes tenían previsto destinar recursos en nuevas inversiones.

La generación de fortunas como producto de una apuesta económica (las inversiones), que en consecuencia implica también generar fuentes de trabajo en un país necesitado de empleo para su población, no debiera ser castigado como parece pretender esta ley, sino más bien premiada y alentada. Pero este no es el caso.



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