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26 de febrero de 2017, 4:00 AM
26 de febrero de 2017, 4:00 AM

El inmenso muro de la frontera con México, la deportación masiva de indocumentados, la prohibición general de ingreso de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y el arbitrario orden económico mundial que busca imponer el presidente de EEUU, representan no solo una agresión y humillación a la humanidad, sino también una amenaza a los derechos humanos y al desarrollo civilizado de las naciones.


Donald Trump, ni bien trepó a la Casa Blanca, ha pretendido convertirse en el jefe supremo no solo de EEUU y sus vecinos como México (con quien parece tener una fijación absoluta), sino también de la comunidad internacional. En realidad ha pasado de la simple amenaza a violar el principio jurídico universal de no agresión ni discriminación, que proclama la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y los principios rectores de toda política exterior.


El presidente Trump ha dado sobradas muestras de un racismo extremo, desprecia al tercer mundo y por eso está decidido a construir un muro (o los que sean necesarios) entre el primer y el tercer mundo, entre EEUU y América Latina. Por ejemplo ha eliminado la sección en español del sitio web de la Casa Blanca, decisión que no puede estar desligada del muro que ha ordenado levantar. De la misma forma trata a los migrantes indocumentados como si fueran verdaderos delincuentes, y ya estuviera echándolos si no fuera por la resolución valiente del juez federal, James Robert, quien en menos de lo que canta un gallo, frenó la decisión irracional del todopoderoso Donald Trump.    


Todos los pactos y convenios internacionales, en efecto, buscan garantizar el derecho que tienen los pueblos de autodeterminación y no intervención extranjera en sus asuntos internos. La orden ejecutiva que busca la construcción del muro en la frontera con México y encima le quiere obligar a pagar al agredido, constituye una verdadera intervención y agresión que a nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido en otro momento. 


Pero no solo agrede y humilla a los mexicanos y centroamericanos sino también a sus pares como Francia, Alemania, China, entre otras potencias, quienes protestaron por las trasnochadas pretensiones de Trump de imponer su jefatura al mundo.


¿Quién puede garantizar que estamos ante un individuo mentalmente sano? Hay opiniones especializadas que aseguran que el presidente de EEUU es temperamentalmente incapaz de funcionar como presidente porque tiene un comportamiento antisocial, de permanente agresividad, paranoia, grandiosidad, manipulación, egocéntrico y un narcisismo maligno.  

  
En este sentido, hay quienes sugieren una evaluación siquiátrica pero no solo a Trump, sino a los 61 millones de estadounidenses que lo favorecieron con su voto. La locura no solo está en un individuo sino en todos aquellos ciudadanos incapaces de detectar lo sano de lo patológico, de distinguir los valores y de tomar decisiones colectivas coherentes. Como ha sucedido a lo largo de la historia, se trata de poner en la balanza el egoísmo (individual, familiar, grupal) de una parte y el altruismo y la solidaridad por lo colectivo de la otra.


En cualquier caso aunque existe un sistema presidencialista que, en principio, pareciera que todo lo puede hacer el elegido, no es exactamente así, pues existen los controles cruzados y las grandes decisiones que se toman en la Casa Blanca tienen que ser homologadas por la Cámara de Senadores. En este plano, se hace sentir el peso de la institucionalidad, que marca la diferencia y ha convertido a EEUU en una verdadera potencia mundial. 


La independencia e imparcialidad del Poder Judicial es fundamental para limitar el ejercicio del poder y garantizar la eficacia de la Constitución, y así lo ha hecho saber el juez federal James Robert al bloquear una de las decisiones más polémicas del todopoderoso Donald Trump. A todos estos controles institucionales cruzados, que han hecho grande a este país y constituye motivo de orgullo de su gente, se suma una irrestricta libertad de prensa y, por tanto, existe una opinión pública debidamente informada que se encarga de fiscalizar y controlar la cosa pública y evitar así las locuras del poder

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