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El procurador general del Estado, Alberto Morales, ha revelado que 13 ciudadanos mexicanos, que llegaron oportunamente al país antes y durante el proceso electoral del pasado año, fueron quienes digitaron el fraude electoral del 20 de octubre de 2019 en coordinación con el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ahora supuestamente refugiado en la residencia de los embajadores de México en La Paz.

Esas personas, dice el procurador, instalaron un servidor externo desde donde manipularon el voto de la ciudadanía.

Esas personas tienen cargos electos o administrativos en algunos municipios y gobernaciones de México y forman parte del denominado Grupo de Puebla, que apoya a los partidos y gobiernos populistas de la región, entre ellos el propio Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el mismo que envió un avión para sacar del país a Evo Morales el 10 de noviembre.

Pocas horas antes de esta revelación del procurador, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que dispuso la contratación de una empresa europea para que realice una pericia informática ‘para tener certeza de los hechos’ en las elecciones de octubre de 2019.

El fiscal dice que si bien ya existe un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Ministerio Público necesita tener una posición técnica ‘para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe’.

En pocas palabras, lo que está diciendo el fiscal Lanchipa es que no confía en el informe técnico de la OEA y por eso, un año después del fraude -habría que preguntarse qué hizo entonces en los últimos 12 meses para no pensar que en realidad lo que está buscando es dilatar aún más el proceso- decide contratar a otra empresa que será pagada por el Ministerio Público.

Además, el fiscal está subestimando la autoridad, la capacidad técnica y la pericia informática que ya desarrolló una organización continental como la OEA, y considera que una empresa, por muy de Europa o de Asia que venga, que además será contratada por Lanchipa, dirá si es o no es verdad lo que dijo la OEA.

Lanchipa -que según denuncias del periodista Carlos Valverde tuvo comunicaciones telefónicas con Evo Morales cuando este ya no era presidente- lo que hace con esta nueva maniobra es confirmar que más que un servidor público que cuida los intereses del Estado boliviano, es un funcionario al servicio de quienes lo colocaron en esa posición durante el Gobierno del Movimiento al Socialismo. No es casual que durante estos meses del Gobierno interino haya recibido tantas críticas por no renunciar a su cargo, al que según denuncias llegó falseando pruebas de calificación.

Durante prácticamente todo el tiempo de la pandemia Lanchipa permaneció desaparecido, y de pronto aparece ahora para contratar él una empresa europea que dirá si hubo o no hubo fraude el 20 de octubre de 2019.

El procurador Morales recordó que el informe de la OEA establece indicios y hallazgos, pero además el 10 de diciembre de 2019 se presentó un informe en conclusiones de expertos en procesos electorales con pericias informáticas, y que ese documento tiene carácter vinculante, pero Lanchipa lo ignora.

“¿Qué espera la Fiscalía para acusar? No hay razón lógica para seguir postergando el proceso”, se cuestiona el procurador Morales. ¿Quién cree en Lanchipa?, habría que agregar.