Escucha esta nota aquí

La minería del oro en Bolivia es sinónimo de ilegalidad, evasión impositiva y una cadena de actividades incluso mafiosas que incluyen trata y tráfico de personas, prostitución infantil, contrabando, narcotráfico y tragedia medioambiental.

Una investigación de EL DEBER reveló el domingo que la mayor parte del oro que sale del país para exportación proviene de las actividades de explotadores ilegales, sobre los que el Estado no tiene absolutamente ningún control.

Si bien actividades mineras auríferas ilegales hay en todo el país, es en el norte del departamento de La Paz y una parte de Beni donde se concentran las mayores actividades extractivas que terminan por contaminar los ríos de la zona por el uso del mercurio, en operaciones que se realizan sin ningún tipo de control ni menos autorización ambiental.

Una de esas zonas rojas, dice el reportaje, es Mapiri, una población ubicada a nueve horas de la sede de Gobierno, donde en paralelo a las actividades mineras se ha establecido un circuido de trata y tráfico de personas y explotación sexual de menores de edad, que son captados a través de agencias de empleos, de modelaje y por redes sociales.

 Las víctimas son llevadas principalmente de ciudades del oriente de Bolivia, aunque también hay mujeres que son explotadas sexualmente que llegan de Brasil, Colombia y Paraguay. La unidad de trata y tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz (Felcn) identifica a la región de Mapiri y otras poblaciones del norte paceño como Guanay, Tipuani y Teoponte, como puntos críticos de explotación sexual con prostitución infantil, y los abusadores son principalmente los mineros del oro.

Un estudio del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) señala que la minería no solamente está destruyendo la biodiversidad de varios municipios del norte de La Paz, Potosí y Oruro, sino que además ha creado zonas donde impera la prostitución, la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando.

Informes del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla) muestran que hasta el año 2020, la producción de oro de Bolivia se concentraba en 71,9 por ciento en el departamento de La Paz, seguido por Beni con 18,9 por ciento. Ese año, las cooperativas mineras produjeron 21,8 toneladas del total de 23,2 toneladas producidas en el país, es decir el 94 por ciento de la producción nacional.

En los últimos años, la participación de la minería privada en esta actividad es inexistente, mientras que la estatal Amayapampa tiene una participación mínima, prácticamente residual. El número de cooperativas mineras auríferas en el departamento de La Paz superaban las 1.300 el año 2020, y se estima que en esa actividad trabajan alrededor de 100.000 personas. Otro de los fenómenos ilegales que acompañan la explotación minera es la existencia de una enorme cantidad de vehículos indocumentados, que circulan sin ningún tipo de control ni restricción en esas zonas.

Como se podrá suponer, la presencia del Estado frente a esa cadena de ilegalidades y delitos que rodean a la explotación del oro por parte de las cooperativas mineras es nula. Como en tantas otras irregularidades, que parecen forman parte del paisaje ya tradicional de Bolivia, el Estado es contemplativo con la minería ilegal del oro y prefiere no ensuciarse las manos

Comentarios