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OPINIÓN

La mujer del César…

Juan Cristóbal Soruco 7/5/2020 03:00

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Es difícil explicar -ni qué decir, justificar—las razones para que dignatarios de Estado autoricen que ciudadanos particulares allegados a algunas autoridades sean trasladados a la sede de Gobierno en aviones del Estado con fines lúdicos.
¿Será, como alguna vez me dijo un ciudadano que fue ministro polémico en dos oportunidades, que el humo que sale de las velas cuando los dignatarios juran a sus cargos los vuelve tontos? (por utilizar un adjetivo de salón y no el que me dijo textualmente).

Porque esa autorización no sólo viola normas éticas de la administración estatal, al margen de que incluso podrían convertirse en casos penales. Además, hiere la sensibilidad ciudadana cansada de los abusos del anterior gobierno, particularmente de la cúpula que rodeaba al ex presidente fugado, que utilizaba los recursos del Estado, entre ellos los aviones del Estado, para sus fines particulares. De hecho, la compra y uso del avión presidencial por parte de Evo Morales fue una de las causas para su defenestración.

Entonces, necesariamente surge la pregunta respecto a qué obnubila la mente de esta gente. ¿No se dieron cuenta de que lo que autorizaban hacer estaba mal? Y, para colmo, cuando se denunciaron estos abusos, presentaron explicaciones de todo tipo, pero ninguno se muestra decidido a asumir responsabilidades y aceptar los costos del abuso.

Obviamente, esto afecta a la primera mandataria, incluso si, como pudiera colegir alguien que conoce el funcionamiento de los llunkus, sus colaboradores quisieron darle “una sorpresa”.

Definitivamente, las cosas no deben funcionar así y las autoridades siempre deberían recordar a Julio César cuando, al explicar su divorcio, afirmaba que “La esposa del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”, que viene al dedo cuando se analiza este caso.

El tema no se queda ahí. Los casos de presunta corrupción que se han conocido desde que asumió el cargo la presidenta del Estado y que en varios casos fueron destituidos, tienen una doble dimensión. Por un lado, la probabilidad del delito, por lo que su autor o autores deberían ser investigados, procesados y, si corresponde, sancionados, procedimiento que me parece que nadie sigue y que pueden ser indefinidamente archivados en los tenebrosos laberintos del Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Por otro lado, estos casos de corrupción o de intención de cometerla, dan cuenta de una concepción muy peligrosa de quienes ingresan a la administración estatal y al ejercicio de la actividad política: la idea extendida de que es lícito “aprovechar” el espacio de poder que el azar les ha otorgado, lo que no debería provocar mayor alarma, menos si se desarrolla una gestión técnicamente aceptable.

Muchos tienen esta visión y no es nueva. El ejemplo más ilustrativo de esta concepción es la escalofriante frase que pergeñaron seguidores de un popular alcalde cochabambino en sentido de que “roba, pero hace”, que fue traspasando de generación en generación y que ha logrado imponerse a la concepción clásica de la política como un oficio de servicio al bien común a partir de la administración del poder de la representación. 

Lamentablemente esa visión está presente en la mayoría de las organizaciones políticas actuales, incluso en las que así sea en forma precaria y limitada, aún tienen la capacidad de proponer visiones de país y programas de gobierno. En definitiva, se la encuentra particularmente en aquellas que se asientan en líderes audaces que sobresalen porque tienen la capacidad de eludir los temas de fondo.

Esa percepción me conduce a abordar un último punto a partir del uso de los aviones estatales con fines particulares. Reitero que los autores de esto deben ser procesados y asumir el costo de su irresponsabilidad y el gasto erogado. Pero, esto no debería dar pie a que se aprovechen del tema operadores políticos que han hecho del Estado –o pretenden hacerlo—un feudo para su propio beneficio.

Más bien, el tema de la corrupción y, como parte de ésta, el uso de los bienes del Estado por los eventuales inquilinos del Palacio de Gobierno, debería ser tratado por los dirigentes políticos si se hace realidad la idea de organizar una reunión de alto nivel para definir algunas políticas de Estado frente al coronavirus, la economía y las elecciones.

Por responsabilidad moral y pedagógica para las nuevas generaciones, no podemos seguir como estamos.