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Hay un tema que ha cobrado alta notoriedad en el país por los medios de comunicación, codeándose diariamente con las noticias sobre la pandemia del Covid-19, el contrabando de importación- motivando el reclamo de los sectores afectados. No se trata de un tema menor, algo nuevo, ni que se pueda resolver rápidamente, más bien, de una problemática de gran dimensión, atávica, que se siente hoy mucho más debido a la crisis.

Hace unos años, la Cámara Nacional de Industrias me invitó a exponer en una mesa de análisis sobre “El contrabando y la informalidad como problemas estructurales”. En esa ocasión abordé la temática arancelaria mostrando que Bolivia es un país abierto, con una baja protección, pues más del 70% de las líneas arancelarias son del 10% o menos; pero, sumando otros tributos como el IVA-M del 14,94% e impuestos específicos, la importación legal se encarece dando un importante margen al contrabandista que no paga ningún impuesto o beneficio social. Expliqué también que el querer proteger el mercado interno con alzas de aranceles al 40% y 30%, mereció la crítica de muchos al subir el margen para el contrabandista, empeorando más las cosas.

Y, reflexioné: ¿Por qué hay contrabando? Advertí que, tratándose de una temática multidimensional, la explicación lindaba con razones geográficas, económicas, institucionales, educacionales, culturales, entre otras, pero dejé en claro que, cualquiera fuera su origen o explicación, el contrabando es una actividad al margen de la ley.

Es cierto que se puede delinquir por ignorancia (pasando por alto la ley, sin conocerla), pero cuando se tiene conciencia de ello, el que haya pobreza no justifica ver en el contrabando una salida, ya que entonces el narcotráfico, la trata de blancas, el trabajo forzoso, etc., también deberían ser admitidos como una fuente alternativa de recursos.

La necesidad y la desesperación de la gente muchas veces la empujan a delinquir, es verdad, pero no menos cierto es que existen inhóspitas regiones con ausencia de Estado, donde poblaciones fronterizas son controladas por mafias asociadas al lavado de dinero, sobreviniendo de ello prácticas culturales alimentadas por la falta de educación.

Dije también que, desde el punto de vista económico, el contrabando existe en Bolivia porque hay mercado, ya que con gente que a sabiendas compra tales productos, en una economía tan informal lo que importa en verdad, es el precio, antes que la ley.

La próxima pregunta fue: ¿Puede haber una salida realista al contrabando? Dije que una salida de fondo tendría que ver con un cambio de mentalidad, con una gran cruzada por la legalidad, que demande un esfuerzo nacional para poner la casa en orden. Este cambio debería empezar por las autoridades (dejando atrás todo cálculo político), los medios de comunicación (para convertirse en canales de denuncia y de formación ciudadana), los educadores (colegios y universidades) y la familia (donde se da la principal instrucción).

Entonces, el boliviano de a pie llegaría a entender que el contrabando es un mal negocio para todos, porque se trata de un delito (quien lo practica, un delincuente); menoscaba la economía (evade impuestos); daña a la producción/comercio (pérdida de mercado); perjudica al trabajador (menos empleo) y pude afectar a la salud (alimentos, medicamentos).

Pero, para que esta lucha tenga respaldo social, habría que implementar en paralelo políticas de facilitación para la inversión, producción y el comercio legalmente establecido, así como para la formalización y la importación legal, con miras a generar empleos de calidad -incluso- empleo de emergencia para la gente que sea afectada.

Sumando a tal esfuerzo a las FFAA y la Policía Boliviana en la mejora del resguardo de fronteras (como lo manda la ley); al Órgano Judicial en materia de sanciones; y, el apoyo a la Aduana Nacional en su tarea de vigilar los caminos y operativos anticontrabando, por el Sensag, Agemed, Iniaf, ABT, SIN y Alcaldías, entonces este delito podría disminuir.

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