La nacionalización de las AFP y el Tarzán de jardín
Hace 11 años y medio, con bombos y platillos, el gobierno del MAS nacionalizó o más precisamente estatizó la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones-AFP (Previsión BBVA y Futuro de Bolivia). En la época, echó un feroz grito como Tarzán conquistando la selva neoliberal. Por fin, los ahorros de toda la vida de los bolivianos estarían en las sagradas manos del Estado. Pututus al viento, la revolución daba un paso histórico en su devenir dialéctico.
El 10 de diciembre de 2010, la Ley N.° 065 de Pensiones creó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora), una empresa pública nacional estratégica. Su objetivo principal: la administración y representación de los fondos del sistema integral de pensiones. Es decir, administrar los recursos de las AFP estatizadas y la Renta Dignidad.
Después de un primer entusiasmo, las cosas fueron tomadas con calma u otros dirán, con enorme ineficiencia. Comenzó, lo que técnicamente podríamos denominar, la nacionalización tortuga. Cuatro años después de aprobada la Ley de Pensiones, el Decreto Supremo (DS) 2248 de 14 de enero de 2015, recién aprueba los estatutos y escala salarial de la Gestora dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, ¿comienza a funcionar la Gestora? No, waway. Calmallawa, calmallawa, santus fletanaka (traducción libre: con calma nomás, que los santos de la procesión son fletados).
Otros decretos supremos, el N° 2802 de junio 2015 y el DS 3333 de 20 de septiembre 2017, siguieron normados, en dosis homeopáticas, el sistema de pensiones. ¡Uf, por fin! Exclamó la novia estatizada, la Gestora tiene fecha de apertura el 2 de enero del 2018. Siete años después, finalmente, el Tarzán neorevolucionario consumaría el acto nacionalizador. ¡No tan rápido, cara pálida! ¿Por qué la prisa? Otros 43 meses (3,5 años) de espera: el DS 3837 de 20 de marzo de 2019 establece, el inicio de actividades al público de la Gestora, en un plazo no mayor a treinta meses, computables a partir de la publicación del referido DS. Amable lector: ¿está perdido? Yo también. Pero paciencia. Ya decía el viejo Lenin, las avenidas de la revolución no son rectas.
Entonces, ahí aparece otro DS 4885 de 15 de septiembre de 2021. Ahora sí. Puño en alto. Sin fallar. La Gestora se hará cargo de las recursos de las AFP en un máximo de 20 meses. Por lo tanto, se espera que la Gestora tome control de nuestros recursos en julio de 2023. Es decir 13 años, 156 meses, 4.745 días, 142.359 horas después de la nacionalización. Una muestra de eficiencia que entrará a los gloriosos anales de la historia del proceso de cambio.
El Gobierno ha aducido problemas técnicos por el “pequeño retraso” en el control del sistema de pensiones. Dificultades con las bases de datos y con las compras y el desarrollo del software. Por supuesto, una historia muy mal contada.
Simplemente, como nota anecdótica, quisiera dejar registrado que el hombre ha llegado a la luna en menos de 10 años. Además, desde el 2010 se han producido avances tecnológicos increíbles. La detección de las primeras ondas gravitacionales; el descubrimiento de miles de exoplanetas con el telescópico Kepler; la entrada en la era Crispr que modifica el ADN; el manejo de grandes datos y el descubrimiento y producción de la vacuna contra el Covid19. Por estas tierras revolucionarias, 248 burócratas, muy bien pagados, aún desarrollan el sistema informático sin ruborizarse.
Pero si usted cree que esto inaudito. Se equivoca. Esta historia no acaba aquí. Resulta que las AFP hicieron un juicio al Estado boliviano, no por la nacionalización en sí. La demanda fue por un “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización. En cristiano, la empresa nacionalizada (la AFP Previsión) le reclama al Estado boliviano no haber cumplido su ley de nacionalización. Enjuicia a Bolivia por no haber consumado el acto de la nacionalización, por no haberla estatizado, por haberla dejado esperando en el altar del sacrificio por 12 años. En términos técnicos, por coitus interruptus. Y claro, le gana.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), determinó que el Estado boliviano debe pagar 105 millones de dólares al Banco BVA (BBVA), controladora de la AFP Previsión. Ahora es altamente probable, que ocurra algo similar con la AFP Futuro de Bolivia. Pero ¿qué pasó con el vigoroso Tarzán nacionalizador? Resultó ser de jardín. Como dice la vieja música de grupo Los Polvos, que yo la conozco en una versión de huayño orureño: “sus brazos dinamita, sus piernas dinamita, sus pectorales dinamita, pero su mecha bien chiquita”.
Ahora en este contexto, la pregunta central es: ¿con ese nivel de “productividad y eficiencia” demostrada por el Gobierno y su Gestora, podrán gestionar 21.000 millones de dólares de los aportes de los trabajadores? Este valor es el ahorro de toda la vida de más de 2 millones de personas.
