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Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución Nº40/32 del 29 de noviembre de 1983 y la Nº. 407146, del 13 de diciembre de 1985, se fundamentan en ideales conforme a los principios de igualdad, presunción de inocencia, derecho a ser oído y juzgado sin demora por juez competente, independiente e imparcial.

Los jueces, que “son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos y deberes y los bienes de los ciudadanos”, deben someterse a “directrices en materia de independencia de los jueces y selección, capacitación y condición jurídica de jueces y fiscales”. La importancia de la selección, capacitación y conducta de jueces conforme al preámbulo de los principios básicos se desarrolla en el texto de la resolución, que a la letra dice: “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o la calificación jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que este no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica o nacimiento”.

Las regla de la independencia judicial consagra una justicia emanada de tribunal competente, independiente e imparcial, y que, conforme a la sentencia del 28 de junio de 1984 de la Corte Europea de Derechos Humanos, “para determinar la independencia judicial, se debe considerar la forma de designación de sus miembros” y, como tal, el método de selección no puede ser otro que el “mérito demostrado por medio de concurso público y abierto, y el proceso de selección será público, transparente, basado en mérito” (SC Nº333/12, de la Corte Constitucional de Colombia).

Es un derecho de la sociedad tener jueces y fiscales independientes y autónomos, lo que se fundamenta y justifica en el principio de razón suficiente. El principio de conservación del derecho así lo exige. 

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