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Los héroes de la gesta emancipatoria colocaron como ideales máximos de la lucha por la emancipación dos conceptos liberales básicos: soberanía y libertad, que se sustentaban en el más absoluto rechazo a cualquier poder interno o externo que nos impidiera decidir nuestro destino como pueblos y que tenía un presupuesto indispensable, la unidad de todos los americanos contra el opresor español. Podríamos decir que los libertadores nos legaron una nueva forma de organización democrática como estado independiente y un extenso y rico territorio donde desarrollarnos.

Si hiciéramos un análisis sobre estos legados, si debiéramos evaluar, por ejemplo, nuestra democracia, las instituciones, su funcionamiento, representatividad y credibilidad sobre todo, diríamos que tenemos un importante marco constitucional construido por una Asamblea Constituyente y aprobado por voto directo en 2009 vía referéndum popular.

Nuestra Constitución es uno de los catálogos garantistas más importantes de América Latina y del mundo, que reconoce los tratados internacionales de Derechos Humanos, los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y una composición participativa y plural de los órganos del Estado. Sin embargo, este último año hemos asistido a varios conflictos que marcan que las instituciones están lejos de aportar credibilidad a la ciudadanía.

La justicia, el Órgano Electoral, el propio Legislativo son observados como los responsables de la inobservancia de la normativa constitucional, el caso paradigmático es el del irrespeto del mandato popular del 21F de 2016 y las acciones que el Órgano Electoral realizó para apartarse del cumplimiento de aquel referéndum aplicable al proceso electoral de este año.

Este hecho hace que los ciudadanos desconfíen o, peor aún, hayan asumido con resignación que los resultados electorales nuevamente serán o manipulados o desconocidos por quienes están frente al Estado, quitándole compromiso social a un proceso que debiera ser respaldado por las amplias mayorías nacionales.

A esto se le suma la situación de la justicia y la inseguridad asociada al incremento de la violencia contra las mujeres y niños, así como crímenes de estampa narco. Bolivia hoy puntea los datos de feminicidios y tiene una de las tasas más altas de violencia doméstica de la región. La importante legislación adoptada no está plenamente implementada y las políticas para erradicar la violencia hacia las mujeres están lejos de contener la situación. Los incontables casos de violaciones en ‘manada’ es claramente señal de descomposición social a la que asistimos, aunque también a la reacción del patriarcado frente al innegable empoderamiento de la mujer, que ha dejado su rol pasivo para asumir protagonismo de su propia vida en esta nueva etapa de la historia de la humanidad.

Modelo extractivo

El extenso y rico territorio heredado se encuentra realmente bajo amenaza por las políticas sistemáticas que están conduciendo a su degradación y destrucción inexorable. Desde 2015, y con mayor fuerza en este último año, los bosques nacionales, los territorios indígenas, la biodiversidad y todo aquello declarado como Patrimonio Estratégico de los bolivianos están siendo objeto de una serie de medidas conducentes a liquidarlos, en tanto para las actuales políticas estatales de ampliación de la frontera agrícola y la implantación de la ganadería de escala, son un obstáculo para la nueva visión de desarrollo, completamente contraria a las bases filosóficas de la Constitución Política del Estado.

Este modelo es el que se conoce actualmente como extractivo, que es definido como el proceso de sobre explotación de recursos o bienes naturales no renovables o agotables y la expansión de las fronteras de producción hacia territorios antes considerados improductivos (Svampa 2015).

En el último año la guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como otros factores, ha generado una baja considerable en el precio de los hidrocarburos y minerales, cuya renta es el principal ingreso que recibe el país.

Frente a esta situación el Estado ha decidido motorizar la economía potenciando el sector agroindustrial de exportación, derogando la normativa ambiental que protege las áreas con restricción poniendo en estado de vulnerabilidad extrema los sectores populares que viven de o en los bosques, el caso más absurdo es la aprobación del Decreto Supremo 3973 que autoriza a deforestar más de 1,2 millones de hectáreas sobre todo en el departamento de Beni, uno de los más ricos y biodiversos de Bolivia, acercándonos a niveles ‘Bolsonaros’ de destrucción amazónica. Se trataría de un ecocidio con territorialización, es decir la aplicación de un plan sistemático de liquidación de los ecosistemas nacionales para la implantación de un nuevo modelo de producción, un nuevo paisaje y unas nuevas relaciones de producción y de poder, sustituyendo las existentes.

Muchos nos preguntamos qué dirían los libertadores de nuestro país hoy. Evaluarían seguramente los conceptos de soberanía y libertad, en cuáles condiciones está nuestra democracia, nuestro territorio y nuestro desarrollo. Probablemente pensarían en términos históricos y con visión de futuro: soberanía y libertad exigirían ante todo para sus descendientes, soberanía para que nadie en su nombre comprometa su futuro y libertad para poder soñar con una Bolivia mejor.

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