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Ser formal debería ser una aspiración de todo emprendedor; se supone que el estar inmerso en la formalidad implica gozar de beneficios a cambio de una pequeña retribución al Estado, cuyo único rol tiene que ser preparar el terreno para que los individuos negocien, emprendan y se desarrollen de forma espontánea y competitiva, con reglas de juego claras y derechos de propiedad bien establecidos.

Lamentablemente, en Bolivia, entre la realidad y el “deber ser” hay un mundo de diferencia, lo que lleva a la paradoja de que ser formal se convierte en un hecho indeseable y todos terminan anhelando permanecer por siempre en la informalidad.

Así lo demuestran los indicadores que ponen a Bolivia entre los países más informales del mundo, con rangos de entre el 80% y el 90% de informalidad según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro dato interesante del Banco Mundial es que el valor agregado generado por el sector informal boliviano podría ser superior a dos tercios del PIB, siendo éste el valor más alto en el mundo; lo que me lleva a afirmar que esta revolución informal que ha ido creciendo en nuestro país es incluso uno de los pilares fundamentales del desarrollo que dio lugar a un incremento impresionante en el volumen de la clase baja y media; quienes han multiplicado su capital en negocios como talleres mecánicos, construcción, transporte, comercio de ropa, contrabando y mercados de consumo masivo entre muchísimos otros sectores.

La economía informal es mal vista como una actividad subterránea solo porque las actividades que la componen son las que, teniendo fines totalmente lícitos, se basan en medios ilícitos para concretarse. Es decir, no tienen intrínsecamente un contenido criminal, pero tienen que servirse de medios ilegales para llevarse a cabo. Sin embargo, hay algo que resaltar y es que tanto la gente involucrada en el negocio informal como la sociedad y empresas se encuentran mejor cuando la ley es violada, todo se traduce en precios.

Esto se explica con una definición que el nobel de Economía de 1994, Douglass C.North, denominó “el costo de la ley”, que es la cantidad de dinero, tiempo e información que se necesita para cumplir con la ley.

Este costo distorsiona los mercados creando un capitalismo antidemocrático; mejor llamado mercantilismo que expulsa a los sectores menos favorecidos de la población y los obliga a actuar contra la ley cuando su costo es mayor a su beneficio, por ende, la gente solo cumple la ley cuando le conviene o mejor dicho cuando es legítima y es humanamente racional que actuemos así.

La informalidad en Bolivia y en Latinoamerica no es una herencia cultural o religiosa. Este supuesto problema tiene un nombre claro y se llama discriminación legal o ineficiencia de la ley, que viene combinada con muchísima corrupción y mercantilismo en un continente donde para los amigos del caudillo existen los favores y para el resto de los mortales se aplica la tan temida ley.

En fin, mi objetivo no es un llamado a desobedecer la ley, sino más bien una demanda a que la ley obedezca al mercado y a su gente. No se trata de volver formales a los informales con más multas, persecución y amedrentamiento, se trata de democratizar la ley y hacerla legítima para mantener a los formales y que los informales puedan costear ser más formales; siempre y cuando exista un beneficio e incentivo para serlo, en el entendido que a nadie le importa el bienestar y los ingresos del Gobierno... Tendrán que ponerse creativos para sacarnos de la salvaje y amada informalidad.

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