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A nadie le cabe duda que al Movimiento Al Socialismo (MAS) le interesa recuperar el poder por encima de cualquier otra cosa. Aunque sus discursos digan una cosa, sus acciones demuestran su real intención día tras día. Las últimas jugadas son altamente peligrosas y atentan contra la seguridad del pueblo boliviano. Lo lamentable y curioso es que las autoridades de Gobierno parecen entrar en este juego del gato y el ratón, mientras la ciudadanía observa turbada el lamentable espectáculo.

No se necesitan muchas luces para darse cuenta de que la escalada de acciones callejeras ha sido planificada desde hace mucho, desde el momento en que la bancada masista buscó eliminar –mediante ley- las detenciones, a sabiendas de que más adelante los dirigentes del MAS llamarían a cacerolazos, movilizaciones (El Alto, Ivirgarzama y otras zonas), bloqueos (Kara Kara), acoso a unidades policiales (Yapacaní) y otras que rayan en el delito. 

No solo eso, también son un atentado a la salud pública porque implican el llamado a concentraciones de personas sin distanciamiento físico, con amenazas en caso de que no salgan a protestar. El pedido común es criticar al gobierno y pedir la salida de la presidenta transitoria Jeanine Áñez. Salvando las distancias, este tipo de convocatorias se parecen bastante a las del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que demostró una negación absurda del peligro que implica el contagio de coronavirus.

La calle ha sido el mejor escenario para el MAS desde sus orígenes, con los bloqueos en Chapare. La confrontación discursiva ha sido el sello de 14 años en el Gobierno de Evo Morales. Los cercos a las ciudades fueron su estrategia fallida para contrarrestar el masivo pedido de que deje el poder. Sin mucha creatividad y de manera irresponsable, los llamados de este partido siguen siendo los mismos, pero esta vez mucho más peligrosos.

Desde su cuenta de Twitter, Morales lanza ataques diarios e incluso amenazas veladas cuando decía que estaba en comunicación con militares que le eran leales. Ahora critica a las Fuerzas Armadas y a la Policía por salir a despejar violentos bloqueos, olvidando que el estado actual de la salud es consecuencia de lo que él no hizo durante los 14 años que estuvo en el poder.

Como respuesta, el Gobierno le envía una carta y le da protagonismo dejando en el tablero electoral una polarización entre quienes gobiernan y la actual oposición parlamentaria, cuando lo que debería hacer es que prevalezca el imperio de la ley y se castigue a los que protagonizan los bloqueos, la destrucción de los bienes públicos y la instigación a romper la cuarentena, que por ahora es la única salvaguarda real para que el coronavirus no cause estragos en el país.

El MAS le impone a Bolivia un proceso electoral y lamentablemente el Órgano Electoral se somete a esta jugada aun a sabiendas de que avanzar en esta ruta conlleva muchos riesgos para la salud y también para la misma elección del nuevo gobierno. Ya se sabe que, estando el mundo como está, no se garantiza la presencia de observadores internacionales y tampoco están dadas las condiciones para que haya una masiva participación ciudadana; es decir que los comicios pueden padecer de gran ausentismo y que se puede terminar con una votación que no refleje el real sentir de todos los bolivianos.

La competencia de candidatos es ahora una guerra encarnizada que tiene a los bolivianos como los más perjudicados. Ya está de buen tamaño que el país sea víctima de los intereses sectarios que solo buscan el poder.