7 de enero de 2023, 11:18 AM
7 de enero de 2023, 11:18 AM

Carlos Enrique Ardaya, de 27 años, perdió el ojo izquierdo tras ser impactado por una granada de gas lacrimógeno, la noche del 30 de diciembre. Dos días después, Erwin Chávez Durán, de 38 años, perdió el ojo derecho en similares circunstancias. Ambos ciudadanos bolivianos quedaron discapacitados de por vida. Perder un ojo es demasiado grave y todavía deben recuperarse de fracturas faciales y otras cirugías.

Otro caso delicado es el de Jesús Echalar Romero, de 19 años, cuyo rostro tendrá que ser reconstruido debido a las múltiples fracturas provocadas por el impacto de un proyectil policial en enfrentamientos suscitados en la zona Pampa de la Isla.

Los tres casos tienen un denominador común: policías que disparan a quemarropa, conscientes del daño irreversible que pueden causar a sus víctimas. Es decir: tortura, definida en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes como la acción de someter a una persona su sufrir dolores o sufrimientos graves por un acto que haya cometido (art. 1).

La mencionada Convención, ratificada por el Estado boliviano, también precisa que no se puede invocar inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura y menos órdenes superiores, por eso se dice que la prohibición de la tortura es absoluta.

Ahora bien, el gobierno ha explicado que solo actúa para preservar el orden público y bajo el principio de proporcionalidad; pero no existe “proporcionalidad” entre un policía armado que dispara contra un civil un proyectil “no letal” que deja secuelas de por vida, independientemente de que el civil sea una persona que ejerce legítimamente su derecho a la protesta o un transeúnte a quien el destino le deparó el peor día de su existencia.

En un auténtico Estado de Derecho, instituciones como el Defensor del Pueblo ya habrían intervenido para apoyar a la víctimas y también para exigir firmemente a la Policía Boliviana controle el desenfreno de sus efectivos, pero hace tiempo que en Bolivia los derechos humanos se quedan en las palabras y el Defensor está sumido en un silencio ominoso.

Al margen de los casos mencionados, se cuentan el mismo tipo de ataques contra periodistas claramente identificados como tales, que hoy se recuperan de las granadas de gas o de los perdigones que abrieron heridas en sus cuerpos. Se lamenta el ingreso de policías al templo de La Santa Cruz, para gasificar a manifestantes que buscaban refugio, y la llegada de granadas de gas a hogares particulares. En síntesis, ira policial que debe tener un freno inmediato.

El informe del GIEI sobre los luctuosos hechos de 2019 recuerda la obligación del Estado Plurinacional de Bolivia de “respetar, proteger, garantizar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos de los individuos que se encuentren en su territorio y sujetos a su jurisdicción. Debe garantizar, además, los derechos de las víctimas a un recurso legal efectivo y a una eventual reparación. En particular, el Estado debe adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad de estos derechos y evitar que hechos de violencia, como los vividos durante la crisis pre y poselectoral de 2019, se repitan”.

En pocas palabras, tomar acciones para no repetir las mismas tragedias, pero nada se ha avanzado, particularmente la Policía Boliviana va quedando con una deuda muy grande con la sociedad a la que debe servir y no torturar.

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