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16 de julio de 2017, 4:00 AM
16 de julio de 2017, 4:00 AM
Una de las grandes tareas de este siglo es la abolición de la discriminación de género. La tarea principal desde esta perspectiva, es ofrecer a todas las personas las mismas oportunidades y tratamientos para garantizar el acceso a sus derechos. Por eso mismo, es importante impulsar la equidad de género en la educación, el trabajo, la política, y el jurídico. 


En 1980, Bolivia firmó la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; también el protocolo de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el 10 de diciembre 1999, ratificada el 27 de septiembre 2000. La CPE de 2009 contempla la no discriminación y una vida libre de violencia para la mujer, establecidos en los convenios internacionales, como lo estipulan los artículos 13 y 410, de la carta magna.


Sin embargo, no solamente son necesarias leyes de prevención y protección, sino la capacitación a los jueces y operadores de justicia, en la interpretación y aplicación de los conceptos que sobre el tema de la equidad, transversalidad y despatriarcalización emanados de los instrumentos internacionales y considerar la verdad material antes que ser meramente positivistas al momento de juzgar. Al respecto se ha creado el Comité de Género del Órgano Judicial, a la cabeza de la Dra. Cinthia Armijo, y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Cosude, para elaborar el protocolo para juzgar con perspectiva de género.


El protocolo propuesto consta de tres partes que abarcan la perspectiva de género y su comprensión en el marco de derechos humanos, lineamientos para juzgar con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos, las herramientas concretas para la aplicación de la perspectiva de género, es decir, el estudio de los estándares para juzgar con perspectiva de género. Con referencia al por qué juzgar con perspectiva de género, tenemos que considerar que se inscribe en el ámbito de los derechos humanos, y por lo tanto, el Estado debe garantizar la igualdad y no discriminación.


Para lograrlo, debe adoptar medidas preventivas y positivas en este sentido, que, sin embargo, debe cerciorarse que no se utilicen actitudes tradicionales, históricas, religiosas o culturales como pretexto para justificar la vulneración de los derechos de la mujer, mediante los tribunales y otros medios la protección efectiva de la mujer. Se hace imperiosa la obligación de adoptar medidas que cambien los patrones socioculturales de discriminación padrón. Es importante adoptar medidas en procura de acelerar la igualdad, con el propósito de modificar los patrones socioculturales patriarcales vigentes en nuestra sociedad.


Es importante establecer que el protocolo debe ser aplicable a todos los procesos, incluso en los administrativos y que las autoridades al juzgar con perspectiva de género se comprometan con la protección a los derechos humanos, siendo críticos al valorar las disposiciones legales, actos y resoluciones, sometiéndolas a la Constitución, que inclusive la verdad material para la protección de derechos y las normas del bloque de constitucionalidad referentes los estándares que sobre los derechos de las mujeres y personas con diversa orientación sexual e identidad de género se han ido generando a escala internacional. 
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