La problemática de la tierra está llegando a límites preocupantes en el departamento de Santa Cruz, mientras el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Administradora de Bosques y Tierras (ABT) miran a un costado y no asumen el control que les toca. Alcaldes y cívicos chiquitanos, así como representantes de los pueblos originarios de esa zona están en emergencia, mientras los dirigentes interculturales dicen que no permitirán que se desaloje a los miembros de sus sindicatos. Hay tensiones que después pueden ser difíciles de controlar si es que en este momento no se actúa con responsabilidad frente al tema.

Ya desde hace varios meses se ha denunciado el avasallamiento de territorios en la Chiquitania, muchos de estos se producen en áreas protegidas y otros tantos en tierras comunitarias de origen que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado corresponden a los pueblos indígenas. También hubo denuncias de que hay comunidades originarias que son desplazadas por colonos que llegan, supuestamente con aval del INRA, quienes están cambiando de facto el uso de suelo (de forestal a agrícola) y afectando los ecosistemas, lo cual es altamente preocupante.

Asimismo, se denuncia que hay tierras que son explotadas por extranjeros sin tener derecho propietario. Y hay otras que son utilizadas para actividades al margen de la ley como el narcotráfico. Hubo hallazgo de fábricas de droga en parques nacionales, como en Noel Kempff Mercado o el Tipnis. En suma, son muchas las irregularidades que están ocurriendo en las tierras bajas del oriente boliviano. El manejo de la tierra está descontrolado.

Entretanto, es evidente la inoperancia del INRA y de la ABT. Sus responsables son interinos, lo que altera la institucionalidad que debería preservarse en el manejo de los recursos naturales. Tampoco se respeta el derecho de los moradores de la zona, quienes denuncian que tienen solicitudes de larga data para la titulación de tierras sin que sean atendidas, mientras se concede legalidad a asentamientos de comunidades que llegan desde otros departamentos, en una clara acción discriminatoria contra los lugareños.

En las últimas horas, el vicepresidente David Choquehuanca estuvo en Santa Cruz y se reunió con los colonizadores (llamados interculturales). Les dijo que la tierra no debe concentrarse en pocas manos. Sin embargo, esta autoridad de todos los bolivianos no se reunió con los pueblos indígenas ni con las autoridades subnacionales de la zona, dejando la impresión de una mirada parcial de la problemática de la tierra.

La Gobernación ha convocado, según sus atribuciones constitucionales, a la primera reunión de la Comisión Agraria Departamental a la que deberían asistir las autoridades del INRA, de la ABT, los interculturales, los pueblos indígenas, entre otros involucrados en el manejo de la tierra. Esa es la instancia llamada a buscar una salida pacífica y de diálogo a la situación que se vive en el departamento. Esa instancia no ha podido instalarse en la última década por la ausencia de las instituciones que dependen del Gobierno nacional, lo cual debería cambiar si hubiera una real vocación de servicio.

Los pueblos indígenas del oriente están desprotegidos una vez más. El gobierno que se dice defensor de la Madre Tierra les está dando la espalda. Desde la perspectiva de los dirigentes originarios hay un afán de colonización para hacer desaparecer la cultura de tierras bajas. Éste no es un detalle menor, porque puede esconder la real intencionalidad detrás del desorden actual.
Lo concreto es que la falta de acción de parte del Estado puede dar lugar a un escenario de alta tensión y favorecer a la violencia, que sería el peor dado el actual clima de polarización donde es tan difícil que haya entendimiento. Aún hay tiempo, pero es cada día más corto. Que las autoridades actúen con responsabilidad.