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El proceso penal boliviano busca que la víctima no solo sea revalorizada, participe y tenga un rol protagónico sino también una protección real y efectiva. El fiscal debe ser capaz de “aliarse” con ella (comparten el mismo interés) y buscar la forma cómo desarrollar una unión estratégica con miras al esclarecimiento del hecho delictivo.

Algo que algunos fiscales pasan por alto es que la víctima tiene que ser tratada con el cuidado, respeto y consideración que se merece.

La etapa preparatoria tiene la finalidad de preparar el juicio y la defensa del imputado, así como permitir el acceso y la intervención directa de la víctima. El Código procesal (art. 79) prevé que la víctima podrá provocar la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por la Fiscalía, con todos los derechos y facultades previstos en la Constitución, el Código y en las leyes especiales.

La querella puede interponerse hasta el momento de la presentación de la acusación fiscal y si el proceso se ha iniciado, el querellante se someterá al estado en que se encuentre, sin retrotraer el trámite.

Sin embargo, el sobreseimiento por insuficiencia probatoria no debería impedir a la víctima continuar con el ejercicio de su acción penal formalizada, cuyo derecho fundamental se encuentra reconocido en el artículo 121.II de la Constitución boliviana y los artículos 76, 78, 79 y 340 del Código procesal. Lo contrario significaría convertir en papel mojado los derechos de la víctima, reconocidos por el ordenamiento jurídico y los Tratados y Convenios Internacionales.

El artículo 342 del Código procesal, establece que el juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente, y cuando ambas sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal tiene la potestad “extraordinaria” de precisar los hechos sobre los cuales se abre el juicio. Aunque la víctima no haya intervenido en el proceso como querellante, tiene los siguientes derechos: a) Intervenir en el proceso penal; b) Ser informada de los resultados de las investigaciones y el proceso; 

c) Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal; y, d) A impugnar decisiones que impliquen la extinción o suspensión de la acción penal.

En el caso particular de las niñas, niños y los adolescentes, gozan de protección especial de sus derechos, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la policía boliviana, entre otros.

La Convención sobre los Derechos del Niño, exige del Estado boliviano la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención.

A partir del Caso Barrios Altos Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado establecido que las leyes de autoamnistía e indulto, expedidas con la finalidad de evitar el esclarecimiento y, en su caso, la sanción penal de los responsables, no son compatibles con el Sistema Interamericano

y, por tanto, el control de convencionalidad puede no solo establecer responsabilidades del Estado infractor sino también abrogar leyes que violen derechos humanos.

En esta línea se ha consolidado el derecho a la verdad que no solo corresponde a las víctimas y sus familiares sino también a la sociedad en su conjunto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que toda la sociedad tiene el “irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.”

Por su parte, la Corte IDH ha interpretado que este derecho se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento.

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