Opinión

“La racionalidad se impuso”, violenta e injusta

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22 de agosto de 2020, 5:00 AM
22 de agosto de 2020, 5:00 AM

Juan Carlos Zambrana Gutiérrez

El pasado miércoles 19 de agosto tuve la oportunidad de leer en redes sociales una nota (muy bien escrita, por cierto) del abogado boliviano Gary Prado Araúz. Se trata de una narrativa de lo que, en criterio del autor de la nota, ha venido sucediendo en el escenario político nacional, incluyendo lo concerniente a los bloqueos de las carreteras y sus consecuencias. Prado da claras muestras de lucidez a lo largo de todo el texto, en el que concluye que el gobierno resistió bien el embate y que los grandes perdedores son los masistas (miembros del Movimiento al Socialismo y personas afines a ese partido). No obstante, hay un elemento sobre el cual quiero realizar una precisión fundamental.

Ya hacia el final de su nota, después de señalar que los bloqueos estaban cobrando la vida de varias personas internadas en hospitales (con COVID-19 y que, por ende, necesitaban el oxígeno que debía llegar a los centros de salud por las carreteras), Prado escribió: “la racionalidad se impuso y no salieron las fuerzas del orden”.

Por mi parte, tengo que decir que esa interpretación de lo sucedido es, en último análisis, equivocada. No creo que lo que se haya impuesto sea la racionalidad a secas, sino un tipo particular de racionalidad. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el poder de policía de un Estado de Derecho, ese poder que le permite hacer cumplir las leyes por medio de la coacción, es en definitiva racional, es producto del razonamiento en materia de pacto social y conformación de sociedades humanas. Sin embargo, en esta oportunidad no se impuso. De haberlo hecho les hubiera cobrado el precio de violar la ley (y de atentar contra la salud y la vida) a quienes se constituyeron en criminales y terroristas. Entonces, si no hubo poder de policía, ¿qué es lo que se impuso?

Me atrevo a decir que lo que se impuso es algo semejante a lo que Michel Foucault refirió bajo el nombre de biopolítica, un tipo específico de racionalidad gubernamental que configura relaciones de poder capaces de determinar a quiénes hacer vivir y a quiénes dejar morir (todo en la esfera de gobierno de un país determinado). La racionalidad que se impuso echó a andar una serie de dispositivos (entre ellos el diálogo convocado por la presidenta y el discurso falaz del ministro Murillo, que solo admitía una alternativa al diálogo, la más extrema: “meter bala”) que permitieron que segmentos empoderados de la sociedad (bloqueadores y gobierno, entre otros) decidieran a quiénes dejar morir y hacer sufrir para alcanzar el doble objetivo de desbloquear las carreteras y evitar una mayor crisis política y de gobernabilidad.

Dejémoslo claro: la racionalidad que se impuso dejó morir a más de 40 personas inocentes e hizo sufrir a muchísimas otras en el interior de hospitales, domicilios y también en el ámbito del comercio en general (camiones varados, mercadería echada a perder, saqueada, etc.). Ya lo había dicho Foucault: el poder de la razón es sangriento.

Tal vez la intención de Prado era señalar que lo que se impuso fue algo diferente a la “legítima violencia estatal”. Pero se equivocó, lo que se impuso fue precisamente una racionalidad gubernamental que es intrínsecamente violenta y que, al negarse a ejercer poder de policía, redirigió la violencia en perjuicio de los inocentes, hecho que la vuelve, además, injusta.

Es exactamente así: Por un lado, es imposible unificar la racionalidad y decir que se logró que esta, como un todo, se impusiera. Y, por el otro, hay que reconocer que aquí operó un solo dispositivo de racionalidad gubernamental, uno que, no caben dudas, es incapaz de disociarse de la violencia, pues solo la redirige y la vuelve contra los inocentes, haciéndola injusta.

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