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6 de junio de 2022, 4:00 AM
6 de junio de 2022, 4:00 AM


En el libro Octubre 2019, fraude y después…, Carlos Valverde se ha dedicado a reconstruir y documentar el monumental fraude electoral, que gatilló las protestas democráticas que hicieron escapar a Evo Morales y Álvaro García Linera. Las protestas no solo precipitaron, en tiempo récord, la caída y huida de Evo Morales y Álvaro García Linera, sino también un inédito movimiento ciudadano en defensa del voto del pueblo boliviano.

Este fenómeno político y social aún no se ha sido estudiado en su verdadera dimensión; sin embargo, Carlos Valverde aporta muchísimos elementos de y para la historia política contemporánea (no solo ignorada sino fundamentalmente distorsionada). El libro sale en la era de la posverdad y la manipulación política para los que quieran esconder sus prácticas criminales, la tengan un poco más difícil.

Los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera tenían previsto ejercer el poder al estilo de los Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela, y planificaron todo el proceso electoral a la medida de sus objetivos e intereses políticos. El Órgano Electoral era, en esta trama delincuencial, el brazo operativo del fraude electoral en Bolivia.

La consumación del hecho delictivo se hizo en presencia de casi 100 veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea. Ellos compartieron la “escena del crimen”, esto es, el cambio de tendencia en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo nacional a las 19:40 del mismo domingo electoral. Y la suspensión abrupta del conteo por más de 20 horas, hizo que “ganara” el candidato oficial Evo Morales.

La estructura fraudulenta no fue obra solamente de los vocales, sino de un esquema político que planificó rigurosamente el crimen con meses de anticipación, recursos económicos abundantes y el soporte tecnológico de última generación. El Gobierno del MAS aceitó toda la maquinaria estatal y montó una campaña exponencial para anestesiar al electorado de que todo era democrático y constitucional.

La ejecución del fraude comenzó, en efecto, con la grosera habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera. El Tribunal Supremo Electoral ya había desconocido el referéndum del 21 de febrero de 2016, y tenía allanado el primer paso para llegar al objetivo central: manipular los resultados y proclamar ganador al binomio ilegal, inconstitucional y usurpador de la voluntad popular.

El Gobierno de Evo Morales buscó minimizar el conflicto como si se tratara de una pequeña diferencia de votos; pero se convirtió en un mayúsculo problema político. No era un simple cambio de resultados (que no era un detalle menor), sino de la propia perversión del proceso electoral, y el robo del voto ciudadano. Todo el proceso electoral estaba contaminado y tenía que anularse por la salud de la democracia.

El Tribunal Supremo Electoral ha cometido, al menos, los siguientes delitos electorales: a) La habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera vulnerando el mandato expreso del artículo 168 de la Constitución y el referéndum del 21 de febrero de 2016; b) Manipulación informática, ya que cambiaron los resultados al realizar el cómputo nacional; Inducción al voto por parte de los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, ya que se les permitió seguir con la propaganda política antes, y durante la pausa electoral, camuflada de gestión de gobierno, así como el uso indebido de los bienes del Estado; c) Alteración y ocultación de resultados; delitos que se encuentran previstos y sancionados en los incisos a), j), k) e i) del art. 238 de la Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010. De ahí por qué el Ministerio Público comenzó el proceso penal, y consiguió la detención preventiva de los vocales supremos María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz e Idelfonso Mamani.

Aunque tenía que investigarse y sancionarse a los candidatos fraudulentos, y demás coautores de la trama delincuencial (como queda documentado a lo largo del libro), parece que los autores del fraude terminarán (haciendo) condenar a Jeanine Áñez, por haber osado asumir el poder político en su condición de mujer, algo inconcebible en la cabeza de los “machos” que huyeron dejando el país a punto de incendiarse.

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