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Esta vez abordo el recurrente tema de las personas que viven en situación de calle con cierto alivio y esperanza, porque verificada la equívoca actitud persecutoria y represiva hacia los desarrapados de nuestra urbe y persuadidos de que se trata de un segmento de conciudadanos excluidos del conjunto de los derechos humanos básicos, el Gobierno de la ciudad, conjuntamente con el gobierno departamental, la Fiscalía y la Policía boliviana, empezó a asumir esta realidad como una problemática que nos atañe y nos responsabiliza a todos de forma mancomunada y solidaria, dejando a un lado las consabidas disputadas de competencias.

Más aún lo hacen conscientes de que al tratarse de un  fenómeno complejo de abordar por su naturaleza multifacética y multicausal requiere del máximo nivel de decisión política y de la mayor experticia técnica posible para superarlo, proponiéndose como primeras tareas la revisión de la normativa referida al tema en la perspectiva de proyectar, si fuera el caso, una ley subnacional que facilite la recuperación y rehabilitación de las personas en situación de calle; junto a ello se está procediendo al relevamiento de alrededor de 23 instituciones de la comunidad terapéutica y 13 instituciones orientadas a la recuperación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, para con base en ello articular un Pacto Público Privado por la Dignidad y la Inclusión Social, con el propósito explícito de erradicar esta problemática en un plazo perentorio y evitar el resurgimiento de la misma con la institucionalización de una política pública permanente.

Naturalmente que dicho propósito requiere profundizar en la complejidad del problema de manera que a partir de un conocimiento de la magnitud de personas en situación de calle, desagregada por sexo, por edades, pero además en lo posible con diagnósticos personalizados, se formule un plan de acción participativo con una matriz de objetivos y resultados,  identificando estrategias e intervenciones específicas según las problemáticas e incorporando un sistema de seguimiento y evaluación, además de un presupuesto para el logro de las metas específicas. Es previsible además que se requiera un abanico de estrategias creativas de abordaje no solo por el perfil diverso de la población en situación de calle, sino además por las diversas demandas, aspiraciones y aptitudes que las caracterizan, lo cual obliga a pensar en alternativas de superación de adicciones, en oferta de oportunidades laborales de empleo digno, así como de educación y capacitación, entre otros, siendo una relevante oportunidad para iniciar este proceso el acogimiento del que gozarán en el albergue municipal de invierno.

Particulares estrategias requieren los y las niñas y adolescentes en situación de calle, centradas en la recuperación de vínculos familiares en sus diversas modalidades, junto a la prevención del abandono y superación de la violencia intrafamiliar. Pero más aún, en el último tiempo, al acentuarse los riesgos fruto del incremento del comercio y uso indebido de drogas junto a la trata y violencia sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, aparejado a las infecciones de transmisión sexual y en particular el VIH/sida, se ha deteriorado de manera profunda la salud física y mental de las personas en situación de calle. Apostar por un pacto por la recuperación de las personas en situación de calle, sin exclusión, con igualdad de oportunidades, que comprometa la inversión de todos los niveles de los gobiernos de Santa Cruz y el concurso de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con su conocimiento, experiencia y vocación de servicios, nos dignifica a todos.

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