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Con el MAS en el poder, no cabe una justicia justa, imparcial y digna. Mientras el Gobierno boliviano sea conducido por un grupo de personas sin convicciones democráticas, es imposible pensar en una justicia imparcial, llevada adelante por personas idóneas e independientes preocupadas por el mejoramiento de la administración de la justicia.

Las historias personales de nuestras principales autoridades demuestran la ausencia de una visión democrática de la justicia, es decir, una administración de la justicia independiente del Órgano Ejecutivo y libre de la presión político partidaria, alejada de la presión de grupos de poder y conducida por jueces probos y de larga experiencia. El pensamiento dominante concibe a la administración de justicia un instrumento de la hegemonía del poder. Para ellos, es vital y necesario el ‘control’ de la selección, designación y desempeño de jueces y magistrados. Recordemos cómo desmontaron las anteriores instituciones judiciales de los Gobiernos llamados ‘neoliberales’ y cómo promovieron, seleccionaron y designaron a postulantes perdedores para los máximos cargos del Órgano Judicial. Aplaudieron a los sumisos y castigaron a quienes tuvieron gestos de dignidad e independencia. 

Las frecuentes declaraciones de nuestros gobernantes demuestran el odio radical al viejo principio de Montesquieu de separación de poderes. Por lo visto y escuchado, el proceso de cambio no incluye la independencia judicial del capricho del Gobierno de turno.  El Gobierno espera jueces y magistrados con “conciencia social” y “comprometidos con el proceso de cambio”. La formulación constitucional confirma esta visión no democrática de la justicia como instrumento de un proyecto político.

El 2011, el Gobierno, apoyado en ese criterio, utilizó el voto popular para legitimar postulantes fieles y comprometidos con el “proceso de cambio”. De forma violenta, impuso a postulantes perdedores como nuevos jueces y magistrados y desconoció el mayoritario voto popular que los rechazó. Así se inauguró el peor desastre judicial del país. Más de dos tercios de votos nulos y blancos fueron desconocidos. Condenable actitud de un régimen que dice gobernar obedeciendo al pueblo. Es más, el equipo que dirigió dicha tragedia judicial vuelve a conducir el actual proceso de una supuesta reforma judicial. Sin rendir cuentas al país y sin un gesto de arrepentimiento vuelven a llevar adelante la nueva pantomima de una preselección, selección y designación de otros postulantes leales al poder político. 

El actual reglamento tiene los dados cargados. En ninguna parte del documento aparece algún elemento que evalúe las competencias y habilidades necesarias para ser un buen juez o magistrado. Los méritos, el examen y la entrevista están diseñados para habilitar nuevos postulantes leales al poder.

La meritocracia queda reducida al papeleo de aspectos formales, lejos de la idoneidad, la experiencia, el equilibrio, el juicio propio, la sensatez y la autonomía intelectual de un buen juez o magistrado.
El CEUB y las universidades se aplazaron en la selección de los representantes ante la comisión preseleccionadora. La mayoría de representantes universitarios  son exempleados gubernamentales.

¿Complicidad?
La designación de 2017 repetirá la tragedia antidemocrática de 2011. Solo un Gobierno democrático por su origen (voto popular), por su desempeño (gestión apoyada en la ley) y por su finalidad permitirá ilusionarnos con una justicia justa y proba. 

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