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Desde hace algunos años, las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra han estado trabajando en conformar, cada cual, su región metropolitana. Tal labor, como en el caso de Cochabamba, ha estado siendo liderada por el Gobierno central, para crearla con ley, lo cual sería inconstitucional, ya que ello le corresponde al Gobierno Autónomo Departamental (GAD).

La región es una figura de división en distritos para la planificación y gestión desconcentrada del GAD (CPE art. 280). Según la Ley Marco de Autonomías, cada nivel de gobierno tiene su propia figura de división: del gobierno autónomo municipal es el distrito; del GAD la región y del gobierno central la macroregión (Ley 031 art.27y22). Así como los municipios pueden instalar subalcaldías en sus distritos, las gobernaciones pueden tener subgobernaciones en las regiones.

Puesto que en el territorio de la región existen gobiernos municipales, además de organizaciones de la sociedad civil, para la planificación participativa y coordinada, en cada una se constituye un consejo regional económico social (CRES), con la participación de representantes de esas entidades, bajo el presidio del gobierno departamental (Ley 031 art.24). En el caso de la ciudad, se crea un distrito departamental al que se llama región metropolitana y, un CRES similar, al que se llama consejo metropolitano. En éste, también participan representantes del Gobierno central.

Así, la región metropolitana es una figura propia de la planificación y gestión departamental, por lo que es atribución de la Gobernación crearla y aprobarla mediante ley departamental, en ejercicio de su competencia exclusiva en planificación y de su facultad ejecutiva. No así, del Gobierno central.

En el caso de Cochabamba, el 2014, el Gobierno central creó la región metropolitana mediante ley 533, cuando a ese nivel de gobierno solo le corresponde crear macroregiones. Únicamente cuando se trate de una unidad territorial para la constitución de un gobierno autónomo regional, tras un referendo, podría formalizar la creación de una región mediante ley, como el caso del Gran Chaco tarijeño.

El Gobierno central debe dejar de invadir competencias de otros niveles de Gobierno y de contradecir la Constitución, como lo hizo en el caso referido y pretende hacerlo con las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Actos como estos son evidencias de su abuso de poder, razón por la que es constantemente calificado de dictador.

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