Opinión

La reinvención de las empresas

Gonzalo Chávez 31/5/2020 03:00

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La economía boliviana sale de cuarentena radical sin sistema de salud preparado ni un programa económico de reactivación integral. Lo que existen son algunas medidas aisladas y confusas, pero sin un norte. Un ejemplo son las contradicciones de la política crediticia. Según la Ley 1294, los créditos deben pagarse seis meses después de que se termine la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus. Aquí surge las interrogantes. ¿Esto significa después de la cuarentena dura o de la cuarentena progresiva? Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo se ponen de acuerdo. Una posible interpretación es que la declaratoria de emergencia termina este lunes, cuando se levante la cuarentena dura, por lo que los pagos de créditos recién se iniciarían en noviembre.

El Poder Ejecutivo tiene otra lectura. Determinó diferimiento de pago de créditos, primero por tres meses, hasta finales de mayo. En la semana que termina, el gobierno ha aumentado el plazo a otros tres meses, en este caso hasta agosto. 

La pulseta y contradicción en la evaluación de la normativa genera mucho incertidumbre y confusión entre las empresas y las personas que tienen créditos.

Por otra parte, en el tema de los préstamos, en ningún momento se habla de rebajar las tasas de interés y/o aumentar los plazos. Se dice que los bancos deben realizar estas negociaciones con personas y empresas de manera bilateral. Esta relación es muy desigual. Favorece a los bancos. Claramente, falta una normativa que cree un marco de incentivos, prioridades de sectores, y límites para una negociación más equilibrada.

Además, si la política fiscal expansiva que está llevando el gobierno adelante (incremento de bonos, reducción de impuestos y mayor inversión pública), no es acompañada por una política monetaria también más flexible, es decir bajando la tasa de interés, el paquete de reactivación económica no está completo.

El diferimiento ciego de todos los créditos genera un problema de riesgo moral. Esto significa que no se distingue entre personas y empresas que sí pueden pagar el crédito, de aquellas que no lo pueden hacerlo, que ciertamente son la mayoría. Para evitar los comportamientos oportunistas de aquellos que sí pueden pagar y no lo hacen se debería crear sistemas de incentivos a los buenos pagadores. Por ejemplo, en años en que la economía decrece o tiene un crecimiento menor a 1%, al buen pagador se le condona los intereses de un mes. 

La crisis económica del sector real no puede convertirse en una crisis financiera. Por supuesto, es mejor que la política pública apoye empresas a que tenga que salvar bancos. Esto último es políticamente antipático. Cuanto más largo es el periodo diferimiento del pago de créditos y mayores son las dificultades de recuperación de las empresas se amplía la posibilidad de crisis financiera. Si esta ocurre todos perdemos. 

Por lo tanto, la prioridad es apoyar al sector productivo y comercial del país a través de la política públicas integrales. El tejido empresarial no sólo requiere de financiamiento. Es conocido que las empresas nacionales no cuentan con ecosistemas que las ayuden a resolver temas como: mejores planes de negocios, baja productividad, capital humano despreparado, escaso desarrollo de mercados, y un largo etcétera. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para reinventar la política productiva e industrial. La prioridad debían ser las pequeñas y medianas empresas que generan la mayoría de los empleos. Siempre hay que recordar, que la mejor política social es un empleo de calidad. 

En el marco de una política industrial, una alternativa es crear fondos estatales administrados por el BDP pero canalizados por el sistema financiero. Se podría comenzar con fondos financieros para los sectores de la construcción, manufacturas, turismo y gastronomía. También debe crearse un programa ágil - público con apoyo de bancos y financieras - de quiebra, salvataje y reconstrucción/reinvención de empresas. 

Para la asignación de estos recursos, las empresas deben tener tres estrategias: transformación digital y energética, cuidado del medio ambiente, y empleos de calidad. Estas estrategias se desarrollarán con apoyo estatal y del sistema financiero. Pongamos un ejemplo: Créditos blandos deben ir acompañados de tecnologías de la digitalización, el uso de plataformas para que las empresas usen comercio electrónico y facturación, pago de impuestos y firma digital. Así mismo, deben contar con programas capacitación en tecnologías de la información.  Para los nuevos emprendimientos, priorizar los de base tecnológica y aquellos que participen de ecosistemas como incubadoras, aceleradoras y espacios de trabajo compartido.