Opinión

La revolución judicial que no fue

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25 de enero de 2019, 4:00 AM
25 de enero de 2019, 4:00 AM

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, no ahorró palabras para atacar a la prensa. Tampoco para reconocer la profunda crisis que aún enfrenta el Poder Judicial pese a las reformas que impulsó el Gobierno del presidente Evo Morales en los últimos 13 años y que no se podrán resolver en la actual magistratura.

La falta de una justicia idónea, pronta y transparente es uno de los talones de Aquiles de la actual administración gubernamental. La prevalencia de la corrupción en todos sus niveles, la burocracia que retrasa cientos de miles de causas y la falta de idoneidad de sus principales operadores han llevado a una profunda falta de confianza de la población respecto de uno de los poderes fundamentales del Estado.

Según Revilla, tan grande es el problema que durante su gestión no se logrará una verdadera reforma judicial, aunque promete sentar las bases para un cambio estructural que estará en manos de las próximas autoridades.

Durante una extensa entrevista con Séptimo Día, Revilla dijo que su prioridad ahora es triplicar la cantidad de juzgados en Bolivia y cambiar la mentalidad y formación ética de abogados y jueces, cuestiones básicas que llama la atención que no se hayan realizado después de tantos años de promesas incumplidas en materia judicial.

Habría que recordar el caso del abogado Jhasmany Torrico Lecler, emblemático jurista cuya acción gansteril, con el uso de torturas y violencia, demostró la existencia de intrincadas redes de corrupción que atan a delincuentes con magistrados y fiscales de todos los niveles de la justicia.

Paradójicamente, durante un Gobierno que se dice socialista, la retardación de justicia, las detenciones sin proceso y la falta de justicia son para los pobres, es decir, aquellos que no tienen medios para obtener uno de los servicios básicos de la democracia.

Llamativamente, Revilla considera que todo tiene que ver con un cambio de mentalidad de los demandantes y de los operadores de justicia, pero no del Órgano Judicial, ni de los jueces ni de los abogados, ni de los litigantes, ni por una falta de presupuesto. Quizás habría que comenzar a pensar que se trata de un problema político al más alto nivel, dado que el principal problema de la justicia es su matrimonio con el poder de turno. ¿Cómo podemos pedirle idoneidad, independencia y transparencia a la justicia si desde el poder político se la considera como un instrumento más para la reproducción del poder de turno? Basta ver las acciones del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo Electoral respecto de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazaron la repostulación del presidente Evo Morales en las próximas elecciones de octubre. Hubo revolución judicial, pero solo para unos pocos.

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