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11 de mayo de 2019, 4:00 AM
11 de mayo de 2019, 4:00 AM

La violencia contra la mujer gana más espacios y se instala en la sociedad, está notoriamente presente, al punto de que se está naturalizando. El 9 de marzo de 2013, el presidente Evo Morales, promulgó la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Es probablemente la norma más publicitada en los seis años de vigencia que tiene. Sin embargo, el problema sigue su rumbo y, quizás, con más fuerza, destrozando dignidades y vidas de mujeres, niñas y adolescentes de Bolivia.

En estos seis años, falta mucha institucionalidad y recursos que implementar para cumplir la ley. Como ésta no lo hace todo, somos todos corresponsables de la situación extrema a la que hemos llegado. La violencia contra la mujer tiene su sello también en el poder, porque desde ahí se ha hecho gala de influencias y agresiones para que la justicia no llegue a quienes lo ostentan.

Son varios los casos de políticos que provocaron y practicaron violencia contra las mujeres. Percy Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra; Henry Cabrera, diputado del MAS; el magistrado Ceballos, junto a otros casos que quedaron en la impunidad. Los datos son escalofriantes y siempre en ascenso. De acuerdo a los informes oficiales de la Felcv y del Ministerio Público, en 2017 se registraron 14.120 casos de violencia contra la mujer.

El 2018, hubo 13.117, mientras que, en el primer trimestre de 2019, se tienen registrados 2.134 casos. Según los cálculos que hizo la Secretaria de Desarrollo Humano de la gobernación cruceña, hasta fines del presente año, se tendrían más de 17.000 hechos contra la población femenina. La misma fuente informativa da cuenta que desde el 2009 hasta el 2017, se tienen 419 feminicidios en Bolivia; en ese mismo periodo, en Santa Cruz 162 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o desconocidos.

Otro dato vergonzoso es que, en 2018, de los más de 19 casos de feminicidios, solo siete han tenido castigo. Esta realidad nos desnuda como Estado y como sociedad, nos pone en el banquillo de los acusados, nos lanza al abismo y nos da golpes mortales: un Estado que no cumple ni hace cumplir las leyes, una sociedad que ya ve las agresiones y las muertes de mujeres como algo pasajero, un Estado que acumula hechos, sin avanzar en las sanciones, una sociedad que es cómplice indiferente ante una mujer golpeada y asesinada, un Estado que está comprometido con hombres violentos y con mujeres del poder que callan ante esa violencia, una sociedad que fomenta la cosificación y el lenguaje sexista, ya que en más de 300 concursos de belleza, hay una señal clara del morbo e hipocresía.

Es evidente un Estado que ríe las declaraciones de autoridades que denigran a la mujer y una sociedad que está en profunda crisis, en la que una golpeada y asesinada será un número más

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