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La crisis de la salud pública, abandonada durante 12 años, y la respuesta del presidente han puesto de manifiesto cómo razonan nuestros políticos en el poder ante los complejos problemas del país y en qué consiste el llamado obrismo, típico de gobiernos populistas.

Tras 12 años, el presidente declara que no sabía que el problema de la salud existía, culpa a sus colaboradores y, como siempre, tiene la impactante respuesta de invertir $us 2.000 millones en hospitales, es decir, en obras. Es la típica respuesta del ‘obrismo’ populista que ante complejos problemas que involucran gestión especializada, personal, especialistas, equipos, mantenimiento, insumos etc. reaccionan con la respuesta simplista del cemento, que es hasta donde llega su comprensión de los complejos temas del país.

Si hay tanto dinero para invertir de inmediato en obras, ¿por qué no se atendió la demanda de recursos para hacer funcionar los hospitales, carentes de ítems, equipos, insumos y obviamente también de espacios construidos? ¿por qué se esperó hasta que el sistema colapse y, aun así, se insiste en las primitivas respuestas de obras físicas? En el imaginario populista, se piensa que las únicas inversiones que impactan políticamente y que se convierten en votos son las obras físicas, lo demás, para decirlo en sus términos, es ‘plata botada’ pues no reditúa a corto plazo, porque además al pueblo se le ha enseñado y machacado que la única obligación del gobernante es entregar obras físicas, mejor aún si es como “regalo” del caudillo.

Hay otro aspecto de fondo, por lo que el tema es estructural: la salud anda mal por las incoherencias entre una autonomía departamental de boca para afuera y un centralismo secante que concentra los recursos en manos del gobierno central, incluso del presidente, asignándoles tareas a las regiones, pero sin recursos para ello.

El absurdo es que las leyes obligan al gobierno central a dos cosas: a traspasar la salud de tercer nivel a las gobernaciones, dotándoles de recursos mediante un pacto fiscal que establece la transferencia de fondos para que las gobernaciones cumplan con la competencia y cubriendo todos los ítems que el servicio requiera, en una política de redistribución de los recursos públicos hacia las regiones.

El Gobierno transfirió las responsabilidades del tercer nivel, pero no transfirió recursos. No hubo pacto fiscal y las gobernaciones no se benefician de la coparticipación tributaria. Y recordemos también que el Gobierno central tampoco cumple con los ítems que corresponden para el personal médico. En esas condiciones, el problema no se resuelve invirtiendo 2.000 millones en nuevos edificios, sino simplemente cumpliendo con los necesarios ítems y asignando a las gobernaciones los recursos mediante el pacto fiscal para que estas cumplan con su competencia.

Por eso no hay pacto fiscal, porque el Gobierno ha preferido concentrar todos los recursos del sistema, para que no sean otros los que se beneficien políticamente de las obras, sino que el rédito sea solo para el líder mesiánico, sin entender que gobernar no es solo inaugurar, sino hacer funcionar las cosas. Es obvio que, si fuésemos un país serio, revisaríamos totalmente el fallido sistema de distribución de competencias en tres niveles de gobierno en los temas de educación, salud y seguridad ciudadana, con un Gobierno central que solo defina las grandes políticas y gobiernos regionales y locales que gestionen y administren desde más cerca esos servicios. El actual esquema centralista y caudillista ha fracasado rotundamente y, por eso, esos grandes problemas hoy no tienen dueño.

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