La segunda ola del Covid-19
Desde la primera semana de diciembre de 2020, la segunda ola llegó a Bolivia. El Gobierno nacional ha demorado 40 días en reconocer este hecho. Entretanto, los contagios se multiplican, los hospitales vuelven a recibir numerosos enfermos y sus directores advierten sobre la progresiva saturación de las terapias intensivas. Se han perdido semanas valiosas para aplanar el contagio y tendremos que afrontar las consecuencias de la irresponsabilidad colectiva.
Aunque se ha aprendido mucho sobre cómo tratar el Covid-19, la experiencia internacional indica que las segundas olas causan más contagios que las primeras. España, por ejemplo, durante la primera ola sufrió alrededor de 350.000 contagios y cerca de 35.000 fallecidos. En la segunda ola, ya sobrepasó los 2 millones de contagios (1.650.000 nuevos) y los 51.000 fallecidos (16.000 nuevos). El número de nuevos fallecidos equivale al 1% de los nuevos contagios, en un país con un sistema de salud muy avanzado.
A pesar de la experiencia de los 9 meses anteriores, el 29/11/2020 el Gobierno del presidente Arce promulgó el decreto supremo 4404, mediante el cual se suspendían las restricciones preventivas hasta el 15 de enero de 2021. Una norma nefasta y una mala señal para la población, que también perdió los cuidados en el contacto social. De un promedio de nuevos casos diarios inferior a 100 en noviembre/20, durante los primeros 10 días de enero el promedio supera los 1.400 casos diarios. Ya hemos tenido días con más de 2.000 casos, igualando los peores registros de la primera ola. En la primera ola demoramos 5 meses para superar los 2.000 casos diarios; en la segunda ola los superamos en menos de 30 días.
El Gobierno nacional se defiende indicando que se realizan más pruebas y que por eso los indicadores presentan un mayor número de contagios. No obstante, el índice de positividad (positivos sobre pruebas realizadas) se ubica alrededor del 40%; si la respuesta fuera un mayor número de pruebas, este resultado debiera bajar (cualquier resultado por encima del 5% es preocupante). Al final del día, lo que importa es el número de personas que se convertirán en enfermos graves, requerirán utilizar la terapia intensiva y correrán peligro de vida. En esto, las matemáticas de la epidemia son implacables. El 5% de los contagiados requerirán hospitalización y el 2% necesitarán cuidados intensivos.
Es entendible la reticencia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales a adoptar nuevas medidas que restrinjan las actividades económicas. La cuarentena rígida, adoptada entre marzo y junio de 2020, provocó grandes penurias económicas a la población, aunque, según los cálculos de Udape, evitó más de 2 millones de contagios. Quizás esta fue la causa que más contribuyó al retorno del MAS al poder. El oficialismo conoce muy bien estas circunstancias y, por eso, no quiere que se posterguen las elecciones municipales y departamentales de marzo de 2020, para no desgastarse.
Comparto, que hoy la principal preocupación de las familias bolivianas es el desempleo y el riesgo de desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas. Por ello, se tiene que trabajar intensamente otras medidas, especialmente aquellas que eviten las aglomeraciones, así como la detección temprana de contagios, el rastreo y el seguimiento de los nuevos casos, para evitar mayores golpes a la economía familiar.
Nos enfrentamos a un dilema de graves consecuencias. Si no se actúa prontamente, la fuerza de la realidad se impondrá a un costo mucho mayor. El Gobierno debe reconocer la gravedad de la situación, comunicarla adecuadamente, derogar el decreto 4404, normar nuevas medidas preventivas, solicitar al Tribunal Supremo Electoral la suspensión de las elecciones por 60 días y reasignar los recursos presupuestarios para fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y de las gobernaciones.
