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7 de septiembre de 2024, 4:00 AM
7 de septiembre de 2024, 4:00 AM

De manera militante y pacífica. Así se cumplió desde las cero horas del viernes y durante toda la jornada de la víspera, el paro de 24 horas convocado por el Comité Pro Santa Cruz, en rechazo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en marzo pasado y que divulgó el Instituto Nacional de Estadística (INE) con unas cifras distintas a las de sus propias proyecciones. Un cambio inopinado que acrecentó las dudas sobre la precisión, confiabilidad y transparencia del conteo poblacional, determinante para la reasignación de recursos económicos y de representación parlamentaria en el país.

 Un 98% de la ciudadanía acató la medida en la ciudad capital y las provincias del Departamento, según las estimaciones realizadas por el presidente del ente cívico, Fernando Larach, quien ponderó el respaldo de la población en una protesta que transcurrió sin incidentes. Con el apoyo de sectores gravitantes como el transporte público y el de los gremiales, fue un paro “contundente y pacífico”, matizó durante una conferencia de prensa casi al culminar el día. Larach también anunció que desde el lunes trabajará, sin pérdida de tiempo, una ‘comisión de notables’ conformada por juristas y técnicos de la Gobernación, la Alcaldía Municipal y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para analizar los pasos a seguir y promover una norma correctiva de los datos del Censo entregados por el INE.

 Al mismo tiempo, fueron anunciadas ‘acciones legales’ contra el presidente del Estado, Luis Arce, el ministro de Planeamiento del Desarrollo, Sergio Cusicanqui y el director del INE, Humberto Arandia, señalados como responsables de una encuesta nacional considerada fallida y cuyos resultados deben ser sometidos a una auditoría internacional. Tampoco se descarta un Censo departamental, aunque puede volverlo inviable el costo elevado y la falta de recursos para asegurar su realización.

Las primeras reacciones desde el Gobierno se produjeron a través de la Viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien advirtió un sesgo político detrás del paro en Santa Cruz cuando los cuestionamientos sobre el Censo, según precisó, deberían ser abordados en una mesa técnica nacional para despejar dudas con la revisión de sus datos. Por su parte el viceministro de Planificación, David Guachalla lamentó la ‘medida extrema’ adoptada por la dirigencia cívica cruceña, no obstante que el INE había manifestado su predisposición para ofrecer las explicaciones requeridas.

Tales fueron, a grandes rasgos, los matices del paro en Santa Cruz y en septiembre, el mes de la cruceñidad. Un paro en solitario. De lacerante orfandad porque las demás regiones optan por mirar hacia otro lado, como si un Censo impecable no fuera de también su particular interés. Pero no es la primera vez que la lucha desde estas llanuras por justas reivindicaciones no es acompañada, aún cuando los eventuales beneficios terminan siendo compartidos con otros en el vecindario nacional y que incluso no necesitan mover un dedo. Es cuestión de repasar la historia.

 Es de resaltar, además, que la cumplida ayer fue una nueva medida de protesta impulsada por la falta de atención oportuna del Gobierno central a los reclamos y demandas de una región que es tratada con desdén y hasta con desprecio por los mandamases de turno. Fue una paralización del mayor músculo productivo del país con los perjuicios consecuentes. Pero es que Santa Cruz, siempre abierta al diálogo, paradójicamente no encuentra otro modo de hacer escuchar su voz. Lo impiden  la sordera crónica y el recurrente ninguneo de los circunstanciales y ensoberbecidos administradores del poder. Una voz que no puede ni debe perderse como un grito en el desierto.

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