18 de diciembre de 2023, 4:00 AM
18 de diciembre de 2023, 4:00 AM

En los últimos tres años desde la asunción del actual gobierno, la inversión pública anual ejecutada no alcanzó el 6% del PIB, mientras el déficit público de estos mismos años supera en promedio el 9% del PIB, según Informe Económico de la Fundación Milenio (Junio 2023) con datos del MEFP y el INE. Esta diferencia muestra que el déficit es estructural y no solo de Cuenta Corriente, lo que en buenas palabras significa también que gran parte de la deuda externa e interna está destinada a solventar el gasto, en desmedro de una mayor inversión.

De los 4.006 millones de dólares de inversión pública presupuestados en 2023, cuya ejecución se estima no llegará a la mitad, el 42% corresponden al sector productivo (hidrocarburos, agropecuaria, industrial); 25% están destinados al sector social (salud, vivienda, saneamiento básico y educación); 24% se debieron asignar al desarrollo de infraestructura (carreteras, energía, etc) y el restante 9% se destinan de forma multisectorial. Claramente la insuficiente ejecución de inversión pública no permite mayor expansión de la producción ni la generación de más empleos.

Según informes oficiales y declaraciones de altos personeros del gobierno, la estabilidad y crecimiento del país están garantizadas, muy lejos de la crisis que pregonan los agoreros y opinólogos, lo cual -según el gobierno- se sustenta en una baja tasa de inflación, menor al 2% en los que vamos del año; una baja tasa de desocupación menor al 4%; y un crecimiento moderado del PIB del 2,2% en un contexto internacional adverso.

Ciertamente habrá que leer entre líneas para ver el trasfondo de estas cifras oficiales y cuan reales pueden llegar a ser. La baja inflación tiene la primera cuestionante en su cálculo oficial, pues considera los indicadores de precio de una canasta de productos que no referencia aquellos que repercuten de manera directa en el costo de vida la población, si bien el transporte, la energía eléctrica y los alimentos básico se han mantenido relativamente estables, los costos de comunicación, medicamentos, insumos industriales, servicios financieros y otros se han visto elevados de forma considerable.

La segunda cuestionante de la baja inflación es su contención a través de subsidios directos a la importación de combustibles (gasolina y diésel), a la producción e importación de alimentos, y al consumo de energía de la población de ingresos bajos, lo cual es insostenible con un déficit fiscal creciente y un nivel de endeudamiento total que amenaza la estabilidad. El populismo es caro, y solo lo pueden sostener quienes generan mucha renta extractiva, lo cual ya no es el caso de Bolivia.

La más perversa de las falacias es la tasa de desempleo oficial del 3,6%, con una población en edad laboral de más de 8 millones de habitantes donde menos del 20% tiene un empleo formal, siendo el resto de los empleos generados en la informalidad a través de los trabajadores por cuenta propia y los empleos otorgados por el sector cooperativo (minero, agropecuario y del transporte). Es evidente que esta población puede estar ocupada, porque es su ocupación la que le permite la subsistencia familiar, por tanto, se encuentran en una economía de sobrevivencia, sin un salario digno, sin salud y ningún tipo de beneficio social.

Respecto al crecimiento de la producción nacional del 2.21% al segundo trimestre del presente año, cabe aclarar no solo es uno de los indicadores más bajos de la región, sino que además está fundado en buena parte en la producción de minerales, en particular el oro, en la demanda interna que se abastece del contrabando y la informalidad, en la producción residual de hidrocarburos y en el sector agropecuaria. De igual manera contribuyen al sostenimiento del producto interno bruto, el sector público que emplea a cerca de 500 mil personas más de un tercio de los empleos formales y los ingresos de las empresas públicas como YLB y la planta de amoniaco y urea.

El PIB nuevamente nos muestra una economía altamente extractiva, poco diversificada, y con un alto grado de dependencia de los precios de las materias primas básicas. En lo que vamos del Siglo XXI no hemos sido capases de generar producción diversificada y con valor agregado, no se han mejorado los niveles de educación y salud para desarrollar cadenas productivas ni servicios tecnológicos, ni siquiera en la transformación de recursos en los cuales tenemos potenciales reservas como el litio, la ganadería, y el turismo.

Un reciente informe de la OECD sobre inversiones en América Latina y Caribe sostiene que para cerrar las brechas de inversión existentes entre los países y superar los desafíos estructurales de la región, es esencial aumentar la inversión nacional y atraer inversión extranjera. Estas inversiones deberían ser un catalizador para generar empleos de mejor calidad y una estructura productiva mejorada hacia la transición verde y digital.

Una buena gobernanza y seguridad jurídica son claves para promover inversiones efectivas y eficientes. Las instituciones públicas son fundamentales para alinear las inversiones con las estrategias nacionales de desarrollo y al mismo tiempo construir contratos sociales más sólidos. Algo que lamentablemente no estamos haciendo.