El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho fracasó en su intento renovado de defenderse en libertad condicional y debe continuar encerrado en el penal de Chonchocoro enclavado en una distante, fría e inhóspita altiplanicie. En las últimas horas, un tribunal de sentencia anticorrupción de la ciudad de La Paz, determinó que la máxima autoridad departamental cruceña debe permanecer con ‘detención preventiva’, no obstante los argumentos expuestos por su defensa sobre el cuadro clínico de Camacho. El viernes último, a la conclusión de la audiencia, el abogado defensor Martín Camacho presentó la apelación incidental correspondiente.
Desde el 28 de diciembre de 2022 cuando en una ‘operación comando’ fue secuestrado por un grupo de élite conformado por policías y militares que interceptó su vehículo y redujo a su equipo de seguridad para después trasladarlo desde Viru Viru hasta la sede de Gobierno, el gobernador Camacho permanece encarcelado por el denominado caso ‘Golpe I’ y una tras otra han tenido el mismo resultado sus frustradas gestiones legales para zafarse del encierro en el que permanece desde hace más de dos años. A denuncia de la entonces diputada masista Lidia Patty, en su contra permanecen abiertas investigaciones sobre los sucesos que en 2019 derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales Ayma, tras el grotesco fraude electoral registrado ese año para satisfacer las apetencias incontenibles de poder del caudillo cocalero.
La Fiscalía, junto al Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, indaga a Camacho junto al también líder cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, por supuestos delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros. Según el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, existen 227 ‘pruebas documentales’ contra ambos y 139 ‘testigos’ que han confirmado su participación en los hechos. Entre las supuestas pruebas esgrimidas por Del Castillo se mencionan unas transferencias bancarias que Camacho habría realizado a un excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana y un reporte de llamadas telefónicas con quien fungía al mando de las Fuerzas Armadas.
Durante los actos conmemorativos del Bicentenario de Santa Cruz, el 14 de febrero, se dejó sentir el pedido por la liberación de Camacho y también fue difundido un mensaje suyo en el que refiere que “no está preso el que carga manillas ni el que está en una celda; preso es el que estando libre no lucha por sus ideas, no defiende a su pueblo y calla por intereses y por miedo”.
La suerte de Luis Fernando Camacho es muy distinta a la del expresidente Evo Morales, que parece gozar de privilegios porque desde el último trimestre del año pasado no se ejecuta la orden de aprehensión en su contra por una denuncia de trata de personas que data de hace varios años. El líder cocalero, tras resistirse tenaz y porfiadamente a comparecer en los estrados judiciales, permanece atrincherado en su feudo del trópico cochabambino al que parecen no tener acceso la justicia ni las fuerzas policiales. No lo inmuta ni su reciente declaratoria en rebeldía. Aunque con sus desplazamientos limitados, él se mantiene en libertad incluso junto a sus pretensiones de volver a presentarse como candidato a la presidencia, no obstante que un fallo constitucional se lo impide.
Ancha para unos y angosta para otros, sentencia un viejo dicho sobre el funcionamiento de la justicia cuando su administración, como viene sucediendo desde hace tiempo largo en Bolivia, no es independiente porque no responde a la separación de poderes. Por eso Luis Fernando Camacho está preso sin derecho a un juicio justo y Evo Morales se mantiene intocable y sin rendir cuenta de sus actos. Y así, tal parece que mientras el masismo administre el poder a su regalado gusto, la situación de ambos se mantendrá inmutable.